Los sindicatos exigen al Gobierno una negociación "real y urgente" para repartir los fondos adicionales de 2022
Los sindicatos de la Junta de Personal y del comité de empresa del Gobierno de Cantabria han exigido hoy al Ejecutivo autonómico una negociación "real y urgente" para acordar el reparto aún pendiente de los fondos adicionales de 2022 entre el personal tanto funcionario como laboral, que ascienden a algo más de 1,7 millones de euros "que ya deberían de estar en los bolsillos de los empleados públicos".
Así lo han señalado portavoces de UGT, CCOO, SIEP y CSIF, en una asamblea y concentración de delegados de los cuatro sindicatos frente a la sede del Gobierno de Cantabria, que han precisado que la consejera de Presidencia y responsable de la política de personal, Paula Fernández, "se niega a negociar y mantiene bloqueado cualquier opción de llegar a un acuerdo".
Los sindicalistas han explicado que, en el transcurso de la concentración, la titular de Presidencia se ha comprometido a mantener una reunión sobre los fondos adicionales este viernes, día 21, a las 8.30 horas, y han recordado que se trata de una partida presupuestaria a repartir entre el personal funcionario y laboral que fue aprobada en el Parlamento e incluida en los Presupuestos Generales de Cantabria de 2022.
"Ella y solo ella (la consejera) mantiene bloqueada la distribución de un dinero que debería estar ya en el bolsillo de los empleados y empleadas públicas del Gobierno de Cantabria en una situación insostenible, donde ha sido imposible llegar a un acuerdo porque pretenden elegir a quién y cómo pagar los fondos sin negociación alguna, y todo ello, llevándonos a unos incrementos de jornada que no estamos dispuestos a asumir", ha recalcado Rebeca Marqué (UGT).
En el mismo sentido, Carmelo Renedo (CCOO) ha criticado que "un año más el Gobierno de Cantabria usurpa a los empleados públicos un dinero que debería de estar en su bolsillo desde principios de año como ya hiciera en 2019, 2020 y 2021" en lo que, a su juicio, "es una clara estrategia de aprobar partidas presupuestarias para mejorar las condiciones laborales que al final terminan quedándose en las arcas del propio Gobierno".
"Hemos intentado desbloquear la negociación por distintas vías pero no se puede negociar en estas condiciones si no cambian el paso", ha agregado Inés Laso (CSIF), para quien "lo que está muy claro es que la Administración en realidad se niega a negociar".
Por su parte, Ester Felices (SIEP) ha reiterado que "la Administración parece que ha dado por cerrada la negociación porque tienen líneas rojas pero nosotros también" después de recordar que "estamos en octubre y no tenemos visos de llegar a un acuerdo".
Los portavoces de los cuatro sindicatos creen que "es posible llegar a un acuerdo y que éste debe ser inmediato porque después se requiere modificar el convenio y aprobar las RPT (Relación de Puestos de Trabajo) que den validez al cobro de las mejoras".