PSOE acusa a PP de promover la "pérdida de autonomía financiera y capacidad de decisión" con la absorción de Sogarca
El PSOE de Cantabria ha acusado al PP y a la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, de promover la "pérdida de autonomía financiera" de la comunidad autónoma y su "capacidad de decisión", tras la absorción de la Sociedad de Garantía de Cantabria (Sogarca) por Iberaval, su entidad homóloga con origen y sede central en Castilla y León.
Así lo ha denunciado este martes en rueda de prensa su portavoz, Ainoa Quiñones, quien ha lamentado la participación "a bombo y platillo" de la jefa del Ejecutivo en la inauguración de la nueva sede de Iberaval este lunes, que afirmó que con la absorción de la entidad autonómica se da "un paso más en la proyección económica de Cantabria", cuando, en opinión de la socialista, es "exactamente todo lo contrario".
Quiñones ha afirmado que, con la absorción de Sogarca, Cantabria "pierde autonomía, capacidad de decidir y control financiero sobre sus recursos". "¿En manos de quién estamos? ¿Cómo se puede llamar proyectar a lo que es laminar a Cantabria y sus oportunidades?", se ha preguntado, a la par que ha sostenido que "hoy los cántabros y cántabras que quieran emprender o impulsar una actividad empresarial o comercial lo tienen mucho más difícil que ayer".
En este punto, ha explicado que Sogarca llevaba décadas --desde 1981-- facilitando el acceso a financiación a pymes, autónomos y emprendedores. Sin embargo, el Gobierno del PP impulsó formalmente en 2025 su integración en Iberaval.
"Esta operación supone la desaparición de Sogarca como entidad independiente, la transferencia íntegra de su patrimonio a Iberaval y la pérdida de control sobre decisiones estratégicas que afectan directamente al tejido empresarial cántabro", ha criticado la portavoz socialista, que ha lamentado que igualmente se pierda "un instrumento específicamente diseñado para las necesidades económicas de Cantabria".
Por ello, ha afirmado que "se ha debilitado el apoyo a pymes, autónomos y pequeño comercio", sectores económicos en los que centró su actividad Sogarca, que facilitaba el acceso al crédito a empresas que, en muchos casos, "no hubieran podido obtener financiación por otras vías". "Su eficacia queda avalada por sus resultados: 1.226 pymes y autónomos asociados, 5.203 operaciones avaladas y 195 millones de euros avalados", ha remarcado.
Y ha advertido de los "previsibles efectos negativos" que esta operación tendrá sobre el empleo, el emprendimiento y la creación de nuevas empresas, así como del "riesgo" de priorización de intereses externos a Cantabria, concretamente de Castilla y León, donde está la principal actividad de Iberaval.
Quiñones también ha lamentado que la desaparición de Sogarca contribuye a "reducir" la competencia entre sociedades de garantía recíproca y supone "la pérdida de un símbolo de identidad económica regional, creada para impulsar el desarrollo productivo de Cantabria", ha reiterado.
"NEGOCIOS Y PELOTAZOS" CON EL PROT
Por otra parte, ha alertado de los "negocios y pelotazos urbanísticos" que el Gobierno cántabro "quiere tratar de impulsar", a su juicio, con el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT).
Al respecto, ha avisado que los socialista no van a permitir que "la derecha siga destruyendo los espacios naturales de Cantabria, permitiendo construir en zonas protegidas de la costa" y ha asegurado que estarán "siempre enfrente para defender lo nuestro".
Además, ha criticado que, "una vez más", "sabemos de este intento del PP por facilitar la construcción en zonas protegidas de la costa por la puerta de atrás", y ha acusado al Gobierno de "seguir sin remitir al Parlamento el borrado del PROT".
Por ello, ha exigido al Ejecutivo autonómico que "cumpla con la normalidad democrática" y traslade a la Cámara "de forma inmediata" el documento para que pueda ser analizado y estudiado por los grupos parlamentarios.
Al hilo, la dirigente socialista también ha lamentado que el PP pretenda "cambiar derechos por negocios y el interés general por los intereses privados de unos pocos", en referencia al convenio singular con el Hospital Santa Clotilde, el modelo de construcción de la carretera Suances-Rquejada o la tirolina de Soba.
En relación a esta última, ha dicho que, aunque está financiada con fondos públicos, será gestionada por una empresa privada. "Los beneficios que reporte irán a los bolsillos de alguien en lugar de a las arcas públicas", ha enfatizado.