El proyecto Life Stop Cortaderia, que pretende eliminar el plumero de la Pampa de los espacios protegidos costeros y controlar la expansión de la especie en las zonas del interior de Cantabria, ha restaurado en su primer año de actuación cerca de 100 hectáreas de hábitats protegidos en los Parques Naturales de Oyambre, Dunas de Liencres y Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.
Así lo ha informado SEO/BridLife, que ha indicado que, tras su eliminación, el plumero ha sido sustituido por especies autóctonas.
También se está tratando de contener el plumero en el entorno del litoral, de manera que no colonice espacios de montaña y valles del interior. Para ello, se han localizado y eliminado más de 400 puntos de plumeros aislados y dispersos en las zonas altas y medias de los valles del Nansa, Saja, Besaya, Pas, Pisueña, Miera, Asón y Agüera.
El plumero o hierba de la Pampa (Cortaderia selloana) es una de las especies exóticas invasoras incluidas en el Catálogo Nacional. Se encuentra presente en más de la mitad de las provincias españolas, con especial incidencia en las regiones litorales del norte de España, entre las que destaca Cantabria.
En estas zonas el plumero está desplazando de su hábitat a especies autóctonas y ocupando tanto áreas naturales como degradadas. Cuenta con una alta capacidad colonizadora, lo que ocasiona problemas para la conservación de los ecosistemas naturales, pérdidas económicas por degradación del recurso suelo y del paisaje, así como problemas de alergias respiratorias, al tratarse de una gramínea.
El proyecto Life Stop Cortaderia tiene como objetivo la puesta en marcha de una estrategia común y transnacional de lucha frente al plumero (Cortaderia selloana), en todo el Arco Atlántico.
Está coordinado por la Asociación Amica y en él participan como socios Ampros, Serca, SEO/BirdLife, la Cámara Municipal de Vila Nova de Gaia y el Instituto Politécnico de Coimbra, y cuenta con la cofinanciación de la Comisión Europea a través del programa Life, la Consejería de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria, la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de Santander, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y las empresas privadas Solvay, Viesgo y Astander.
