Prohíben a los encarcelados por contratar a un sicario para matar a otro hombre comunicarse con él
En el año 2025, el Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid ha tomado medidas significativas respecto a dos individuos detenidos en marzo de 2024 en Santander. Acusados de haber contratado a un sicario para asesinar a otra persona en la capital, ambos se encuentran actualmente recluidos en el centro penitenciario de Santoña.
El magistrado encargado del caso ha dictado un auto que restringe cualquier tipo de comunicación entre los detenidos y la víctima, prohibiendo tanto el contacto directo como indirecto. Esta decisión se basa en la solicitud del afectado, quien denunció haber recibido correos electrónicos sospechosos relacionados con el caso.
Las investigaciones han revelado que los correos provienen de una entidad mercantil inmobiliaria cuyos intereses económicos están vinculados con los acusados, lo que ha incrementado la complejidad del proceso judicial.
- Prohibición de comunicación
- Situación de los detenidos
- Antecedentes del conflicto
- Detalles del atentado
- Vinculación con el sector inmobiliario
Prohibición de comunicación
El magistrado ha impuesto la restricción a los detenidos para que no establezcan ningún tipo de contacto con la víctima, ya sea de manera directa o a través de terceros. Además, se les ha prohibido acercarse a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier sitio que frecuenten a menos de 500 metros mientras se desarrolla el proceso judicial.
Esta medida judicial se tomó tras la recepción de dos correos electrónicos enviados "por o en nombre" de una empresa del sector inmobiliario, lo que generó preocupación respecto a posibles represalias hacia la víctima y su entorno familiar.
Situación de los detenidos
Los implicados, identificados como M.A.V.E. y J.J.T.V., se encuentran actualmente en El Dueso, dentro del centro penitenciario de Santoña. Al momento de su ingreso, ambos se declararon como mujeres en sus documentos de identidad, aunque presentan nombres y apariencia masculina.
Desde su arresto en la primavera de 2024, han permanecido en prisión preventiva, medida que fue reafirmada en múltiples ocasiones por el juez de Madrid encargado del caso, quien no ha encontrado fundamentos para modificar su situación de detención.
Antecedentes del conflicto
El conflicto entre los detenidos y la víctima se originó a partir de relaciones comerciales relacionadas con una comunidad de bienes y un proyecto de promoción inmobiliaria en un solar de Santander. Las discrepancias entre ambas partes escalaron hasta derivar en actos de violencia de extrema gravedad cometidos por los acusados.
Estos enfrentamientos dieron lugar a múltiples cargos, incluyendo lesiones agravadas y tentativa de asesinato, debido a las agresiones perpetradas por los detenidos contra la víctima y su familia.
Detalles del atentado
En diciembre de 2023, el perjudicado sufrió un ataque brutal donde fue golpeado por la espalda con un martillo o puño americano, resultando en varias fracturas cráneo-mandibulares, pérdida de visión en un ojo y hemiplejia. Además de las secuelas físicas, se realizó un seguimiento intimidatorio que incluyó a sus familiares, incluyendo a sus hijos.
Este atentado fue consecuencia de una negociación fallida entre las partes, donde los detenidos intentaron imponer sus condiciones a través de una intermediación que la víctima rechazó, llevándolos a contratar a un tercero para ejecutar el crimen.
Vinculación con el sector inmobiliario
Los detenidos estaban involucrados en un proyecto inmobiliario destinado a la construcción de diez viviendas en un edificio colectivo y una vivienda unifamiliar en un solar ubicado en la calle Luis Martínez de Santander. Durante el desarrollo del proyecto emergieron numerosos conflictos entre los inversores, culminando en enfrentamientos legales y violentos.
Además del intento de asesinato, ambos sospechosos amenazaron de muerte a la abogada que los defendía, logrando que esta cesara su representación legal. También dirigieron amenazas hacia un juez de la Instrucción 4 de Santander, enviando cartas a su domicilio particular instando al archivado de la querella criminal presentada por el denunciante.