Los juzgados y tribunales españoles concluyeron diez procedimientos por delitos de corrupción, en los que se procesaron a 47 personas físicas y siete personas jurídicas, e impusieron hasta 27 sentencias condenatorias entre abril y septiembre de 2025.
De esas siete personas jurídicas, seis corresponden a un procedimiento en Cantabria -las empresas involucradas en la trama de Obras Públicas, por la adjudicación irregular de contratos por parte de un funcionario a empresarios del sector- y la restante, en Murcia.
El caso de Carreteras se saldó con acuerdo entre las partes y los implicados aceptaron penas desde un año de cárcel hasta siete para el empleado público considerado cabecilla de la red, al inicio del juicio el pasado mes de diciembre en la Audiencia Provincial. Precisamente este jueves, 8 de enero, está previsto su ingreso en prisión.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha revelado a través de una nota de prensa los datos del repositorio sobre procedimientos por corrupción, que comenzó en 2017 para ayudar a la ciudadanía a "conocer la acción de la justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores".
El CGPJ detalla que se dictaron un total de 34 sentencias, 19 de ellas en el segundo trimestre y 15 en el tercero, de las cuales 27 fueron condenatorias. Es decir, en cuatro de cada cinco casos (un 79,4%) las personas acusadas fueron condenadas.
Además, señala que hubo siete personas jurídicas procesadas por delitos de corrupción, seis de ellas en el procedimiento en Cantabria y la restante, en Murcia.
El órgano de gobierno de los jueces recuerda que la información que ofrece el repositorio se corresponde con la corrupción pública, "la que más altos índices de preocupación causa en la ciudadanía".
"De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política", explica el Consejo.
En concreto, se refiere a los delitos de prevaricación urbanística y contra el patrimonio histórico; prevaricación de funcionarios públicos; infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos; malversación; fraudes y exacciones ilegales; negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función.
Por comunidades, los tribunales de Andalucía han sido los que más sentencias han dictado entre abril y septiembre de 2025: 11 en total, de las cuales nueve han sido condenatorias. Le sigue Cataluña y Extremadura, con tres sentencias condenatorias cada una y, a continuación, Canarias y Galicia, con dos cada una.
