La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, subraya el papel de su partido al "destapar" y "denunciar" las presuntas irregularidades en la contratación del Servicio Cántabro de Salud en la pasada legislatura, por las que desde hoy se está juzgando en la Audiencia Provincial a dos exaltos cargos acusados de prevaricación administrativa, y espera la sentencia.
Así ha respondido Buruaga al ser cuestionada este miércoles por los periodistas acerca del juicio que ha arrancado en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial contra quien fueran en la pasada legislatura director de la Gerencia de Atención Primaria, Alejandro Rojo. y subdirector de Gestión Económica, Francisco Javier González, por presuntos delitos de prevaricación administrativa, por los que se enfrentan a una petición de la Fiscalía de 14 y 11 años de inhabilitación para empleo o cargo público, respectivamente.
Buruaga ha señalado que tiene "muy poco que decir" sobre este juicio y ha señalado que el PP, en su momento, "hizo en este asunto lo que tenía que hacer y, sobre todo, cumplir con su obligación de denunciar ante la Fiscalía las graves irregularidades" que, a su juicio, detectaron en contrataciones del SCS.
Ha señalado que el PP "detectó, destapó y documentó debidamente" estas presuntas irregularidades y, además, "desde la absoluta lealtad", las puso en conocimiento del Gobierno regional (PRC-PSOE) con la intención de que éste actuara ante esos acontecimientos. Ahora, según Buruaga, son los jueces los que tienen que hablar. "Estaremos a lo que diga la sentencia", ha señalado.
Buruaga ha señalado que, pese a que el PP informó al Gobierno de esas presuntas irregularidades para que actuara, el Gobierno PRC-PSOE "no lo hizo", "sino todo lo contrario". "Trató de taparlos, se negó a investigar en profundidad el alcance de los hechos o la profundad de esto que parecía una trama y no depuró las responsabilidades políticas que tenía que haber depurado".
La líder del PP ha subrayado que lo que su partido "sí consiguió" fue apartar de la gestión del SCS a los presuntos autores de esas contrataciones irregularidades". "Creo que esa fue una contribución importante", ha dicho Buruaga, que cree que "el SCS salió ganando".
Las presuntas irregularidades en los contratos del SCS en la etapa de la socialista María Luisa Real como consejera de Sanidad salieron a la luz en 2018 y a raíz de las mismas no solo dimitieron de sus cargos los dos altos cargos que ahora se sientan en el banquillo, sino también el entonces gerente del Servicio, Julián Pérez Gil. Sin embargo, la titular de Sanidad no fue cesada ni dimitió, si bien ya no continuó en el cargo en la presente legislatura, que fue asumido por el también socialista Miguel Rodríguez.
La Audiencia ratificó en 2021 las imputaciones de Rojo y González, que son los que ahora son juzgados.
Buruaga considera que "muy poco" más tiene que decir su partido en este asunto y considera que "ahora lo que toca es dejar trabajar a la Justicia, sin interferencias" y "ser respetuosos" con los jueces y que puedan trabajar, conozcan los hechos y practiquen las prueban en el juicio.
"Que hablen los jueces que son los que tienen que tienen que hablar. Estaremos a lo que diga la sentencia", ha dicho.
