El PP ha pedido al Gobierno de Cantabria que proporcione apoyo técnico-jurídico a los propietarios de casas okupadas ilegalmente en las primeras 48 horas y ha propuesto que los condenados por delitos de allanamiento de morada o usurpación de vivienda no puedan ser propietarios ni usuarios de viviendas protegidas.
Así lo ha planteado en algunas de las enmiendas parciales que ha presentado al proyecto de Presupuestos de Cantabria para 2021 y al de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, la conocida como 'ley de acompañamiento', y que este lunes ha expuesto, en rueda de prensa, la líder de los 'populares' cántabros, María José Sáenz de Buruaga.
Ha explicado que estas medidas buscan "frenar la ocupación ilegal, defender la propiedad privada y proteger la convivencia vecinal y la seguridad de las personas y de los bienes".
Según ha dicho, estas "primeras medidas" que propone adoptar en el ordenamiento autonómico para luchar contra el problema de la okupación ilegal de viviendas van en una "doble dirección".
Así, desde el PP se insta al Gobierno a suscribir un convenio con el Colegio de Abogados para que éste preste apoyo técnico-jurídico a los propietarios de viviendas okupadas, garantizando que éstos tengan asesoramiento y respuesta "en las primeras 48 horas".
La otra línea que plantea es modificar, mediante la 'ley de acompañamiento', la Ley de Vivienda Protegida de Cantabria de 2014 para establecer que no puedan ser propietarios ni usuarios de las viviendas reguladas en esa norma "las personas físicas que hayan sido condenadas mediante sentencia firme por allanamiento de morada o usurpación de vivienda o sancionada mediante resolución administrativa firme".
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