El PP presenta una iniciativa para evitar el cierre de las oficinas del Registro Civil
El Partido Popular ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento de Cantabria para evitar el cierre y preservar el carácter público y gratuito de las oficinas del Registro Civil.
La iniciativa, que se debatirá este miércoles 24 en la comisión de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, insta al Gobierno de Cantabria a dirigirse al de la Nación para que realice y apruebe las modificaciones necesarias para garantizar la naturaleza del Registro Civil como un servicio público y gratuito, y el acceso a todos los ciudadanos con una red de oficinas próxima e impulsando el acceso al registro mediante servicios electrónicos.
Igualmente pide que se aproveche la experiencia y se respeten los derechos de los empleados públicos que actualmente están a cargo y gestionan el Registro Civil.
La diputada regional, Isabel Urrutia, ha explicado que se trata de evitar que la entrada en vigor de una reforma de la Ley de Registro Civil aprobada en 2011 suponga el cierre de la "inmensa mayoría" de las sedes del Registro que existen en la actualidad, algo que perjudicaría de manera muy especial a los municipios pequeños y rurales.
Para ello aboga por la modificación parcial de algunos aspectos de la ley antes de su efectiva entrada en vigor en el año 2021, ya que en su opinión es necesario adaptar la norma legal a la realidad política, social y tecnológica de la sociedad española.
Entre estos cambios ha apuntado la necesidad de equilibrar la protección del derecho fundamental de los individuos a la intimidad con el carácter público del Registro Civil; y la implantación de un Registro Civil único para toda España, informatizado y accesible electrónicamente que permita compaginar la unidad de la información con la gestión territorializada y la universalidad en el acceso.
También, la configuración de un Registro Civil de carácter electrónico, en el que se practican asientos informáticos, incorporando el uso de las nuevas tecnologías y de la firma electrónica.
Urrutia ha señalado que la complejidad de la Ley y el "cambio radical" respecto al modelo anterior han dificultado su implantación y han conllevado varios aplazamientos de su entrada en vigor, con excepción parcial de algunos preceptos ya en aplicación.
En este sentido ha criticado la "desidia" del Gobierno de España, que no ha avanzado en la aprobación del marco jurídico necesario para su completa implementación, ha dicho.
Urrutia ha subrayado el papel del Registro en la cohesión territorial, que da servicio a todos los ciudadanos, con oficinas próximas a municipios pequeños, y ha destacado que cumple funciones esenciales para garantizar la seguridad jurídica de las personas.
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