El Partido Popular ha reclamado más medios, materiales y de efectivos, para la Guardia Civil en Cantabria ante el "aumento muy significativo" de la criminalidad y el "problema de seguridad ciudadana" en esta región.
Así lo han asegurado este martes los parlamentarios nacionales del PP Elena Castillo y Félix de las Cuevas, en una rueda de prensa en la que se han apoyado en el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior del tercer trimestre de 2023 y han denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha renunciado a ejercer sus competencias en materia de seguridad ciudadana.
En este sentido, el diputado y la senadora han lamentando que tengan que producirse "desgracias para que se anuncien medidas, como el incremento de la seguridad en Renfe tras homicidio del joven de 21 años de Polanco en el apeadero de tren de Boo de Piélagos, el 3 de febrero tras ser presuntamente agredido por dos chicos de este último municipio, que están en prisión provisional por estos hechos.
También han expresado su solidaridad y afecto con las familias de los dos guardias civiles fallecidos el pasado sábado en acto de servicio en Barbate (Cádiz) tras ser arrollados por una narcolancha, así como su apoyo "inequívoco" a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
De igual modo, teniendo en cuenta el aumento de los delitos cometidos por los jóvenes y a preguntas de los periodistas por el suceso ocurrido la semana anterior en Castro Urdiales -donde dos menores de 13 y 15 años mataron supuestamente a su madre-, Castillo ha abogado por estudiar "en profundidad" este suceso así como la mayor agresividad de los menores tras la pandemia.
Y De las Cuevas ha evidenciado que es un suceso "muy desgraciado", ocurrido en una "semana negra" para Cantabria, y se ha preguntado "¿qué es lo que está pasando para llegar a esos extremos?".
INCREMENTO DE LAS INFRACCIONES
En su comparecencia, ambos han advertido del incremento de las infracciones penales de todo tipo que se produjeron en la comunidad autónoma de enero a septiembre del año pasado en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, con un repunte "sustancial" de los casos de cibercriminalidad y de los delitos contra el patrimonio.
"Cantabria tiene un problema de seguridad ciudadana. Es una realidad que dicen los números y sufren los ciudadanos", ha denunciado la senadora.
A modo de ejemplo, han detallado que han subido un 8,2% los robos con fuerza en domicilios, un 50% las sustracciones de vehículos o un 31,9% el tráfico de drogas, según datos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.
Unas cifras sobre las que el diputado nacional 'popular' ha preguntado por escrito en el Congreso, para conocer la valoración que hace el Ejecutivo central de las mismas, en Cantabria en general y en municipios como Santander, Torrelavega, Castro-Urdiales, Camargo y Piélagos en particular.
Y también, por las medidas que ha llevado a cabo o pretende ejecutar en 2024 el Estado con el fin de prevenir y reducir la prevalencia de dichos delitos.
De las Cuevas ha advertido que los parlamentarios cántabros del PP seguirán defendiendo en Madrid la necesidad de aumentar la capacidad de actuación, preventiva y asistencial, de las Unidades de la Benemérita y más inversión en seguridad, como se comprometió el ministro hace tres años.
Al hilo, han indicado que ya se ha presentado una moción a debatir en la comisión de Interior del Congreso y del Senado para seguir exigiendo al Gobierno de Sánchez la mejora de la seguridad ciudadana, incrementando los medios personales y materiales del instituto armado en las zonas rurales y territorios más dispersos, prestando especial atención a comarcas con riesgo de despoblación y, también, a zonas afectadas por la ocupación ilegal de viviendas.
TOLERANCIA CERO A LA OKUPACIÓN
Y es que para los parlamentarios nacionales del PP, al aumento de la criminalidad en Cantabria hay que sumar el problema de la 'okupación', que ha crecido hasta agosto de 2023, con 62 casos.
En paralelo, Castillo ha apuntado que este fenómeno se ha "multiplicado" en España de 2018 a 2022, con una subida del 37%, destacando a continuación la importancia de la Proposición de Ley presentada por el PP en el Senado para atajar esta tendencia, creando un marco legal que proteja la propiedad privada y estableciendo los mecanismos necesarios para el desalojo en 24 horas.
"Las leyes están para impedir conductas ilegales, no para tolerarlas o amnistiarlas", ha sentenciado la senadora cántabra, destacando el "paso adelante" que supone la denominada 'Ley Feijóo antiokupación' que tomó en consideración el jueves el pleno de la Cámara Alta, donde el PP tiene mayoría absoluta, con la abstención de PNV y Junts.
"Desde el PP defendemos una postura de tolerancia cero contra la okupación y tolerancia cero contra la inseguridad ciudadana", ha sentenciado Castillo.
