El Partido Popular ha pedido al Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) que "se implique" y adopte medidas ante el "creciente problema" de la ocupación ilegal de viviendas en la comunidad autónoma.
"No podemos consentir que este problema vaya creciendo en Cantabria sin que desde aquí se haga absolutamente nada", ha dicho el portavoz del PP, Íñigo Fernández, que este lunes volverá a llevar este asunto al pleno del Parlamento, ha indicado el PP en nota de prensa.
Para el diputado, "si bien el Gobierno de Cantabria no dispone de todos los medios para poner fin a esto, porque para ello sería necesario modificar el Código Penal y el Gobierno de coalición de España PSOE y Podemos se niega a hacerlo, algún papel debe jugar a la hora de coordinar acciones y a los ayuntamientos para poner fin a esta situación".
Fernández ha recordado que el problema de la ocupación ilegal de viviendas, que hace unos años "prácticamente se desconocía" en la región, "se va extendiendo por Cantabria y está empezando a convertirse en un auténtico problema que genera enormes trastornos en vecindarios y urbanizaciones".
"Nos preocupa que el PSOE, cada día más podemizado, no está molestándose en arbitrar soluciones ni en poner en marcha medidas para detener este acoso de gente que se aprovecha de lo que no es suyo y se apropia de lo de los demás", ha dicho.
INMUEBLES DEL GOBIERNO "OCUPADOS ILEGALMENTE"
El diputado 'popular' ha asegurado que su formación tiene conocimiento de "al menos tres ocupaciones ilegales en viviendas propiedad del Gobierno de Cantabria" y considera que "alguien tiene que explicar qué está pasando y qué se está haciendo para poner fin a esas ocupaciones ilegales".
Por eso, el Grupo Popular ha registrado una batería de preguntas para que la consejera Eugenia Gómez de Diego informe al pleno de cuántos episodios de ocupación de ilegal de viviendas se han producido a lo largo del año 2022 en inmuebles propiedad del Gobierno regional y cuántos están ocupados en la actualidad; qué medidas se han tomado con el fin de tramitar el desalojo de esas viviendas y qué disposiciones ha adoptado el Ejecutivo autonómico para evitar que se produzcan nuevas ocupaciones ilegales en inmuebles de su propiedad.
