El Partido Popular ha pedido al Gobierno de Cantabria que distribuya mascarillas homologadas a toda la población a través de las farmacias y que garantice su gratuidad al menos para los colectivos de riesgo y la población más vulnerable por falta de recursos económicos.
También ha pedido un depósito centralizado con reservas estratégicas de todo el material que ha faltado durante la crisis sanitaria; test masivos a toda la población para apostar por la detección precoz y pruebas periódicas a todos los profesionales sanitarios y de residencias de mayores "para evitar la grave desprotección que han sufrido y rastreo rápido de los contactos a personas contagiadas".
La presidenta regional del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, ha afirmado que, aunque la enfermedad se está estabilizando en Cantabria, "el virus no se va a evaporar en dos días y el riesgo de rebrote es evidente". Además, considera que lo que era "una ventaja inicial" de Cantabria, la baja incidencia del Covid, es ahora una "debilidad", porque solo el 3,2% de la población está inmunizada, según los primeros estudios.
Buruaga ha hecho hincapié en que, en este contexto, la vuelta segura a la normalidad sin pasos atrás, la recuperación de la vida social y la reactivación de la economía solo pueden garantizarse generando confianza y seguridad, con un sistema sanitario y de atención a la dependencia preparados y adaptados a futuras pandemias; información para no ir "a ciegas" y medidas de protección eficaces para la población y para los profesionales sanitarios y de las residencias de mayores porque "no se pueden volver a repetir los errores del pasado".
"No se puede llegar tarde otra vez, no se pueden volver a cometer los errores que tanto sufrimiento han causado, ni valen las excusas o las mentiras. Ya sabemos qué ha fallado y como atajarlo", ha dicho Buruaga en un comunicado de prensa en el que alude a "la grave situación de indefensión de los profesionales sanitarios y la desprotección de las residencias".
ESTUDIO PROPIO DE SEROPREVALENCIA
Buruaga ha defendido la necesidad de reforzar la vigilancia epidemiológica, con un estudio propio y más amplio para disponer de un mapa de seroprevalencia más preciso tanto a nivel sectorial como territorial y más certidumbre en la toma de decisiones.
Además, ha pedido al Gobierno que garantice el acceso de toda la población a mascarillas homologadas a través de la red de oficinas de farmacia y su gratuidad para los colectivos de riesgo, como mayores de 65 años y enfermos crónicos, y la población más vulnerable, porque no puede ser que una parte de la población no pueda cumplir una norma que es obligatoria por falta de recursos.
La presidenta ha defendido también la necesidad de adaptar el sistema sanitario público a futuras pandemias, para lo que propone reforzar la Atención Primaria y la atención telefónica, telemática y domiciliaria, y destinar las instalaciones del Hospital de Liencres a la atención de patologías crónicas y geriátricas, con posibilidad de convertirse en un Hospital Covid.
En el ámbito de los servicios de atención a las personas con discapacidad y en situación de dependencia, el Partido Popular reclama un plan de desescalada específico para los centros consensuado con el sector y el pago inmediato del total de plazas que tenían ocupadas antes de la declaración del Estado de Alarma para garantizar su supervivencia económica.
Estas peticiones figuran entre las 50 propuestas de resolución que el grupo parlamentario popular ha presentado a la Comisión especial de seguimiento del Covid-19, después de escuchar a los sectores económicos y sociales de la comunidad autónoma.
En sus propuestas, el PP reclama al Gobierno un complemento extraordinario por Covid para todo el personal del servicio público de salud con el fin de reconocer y compensar el sobreesfuerzo y riesgo por salvar vidas.
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