Políticas Sociales y Dependencia crearán un grupo de trabajo para el seguimiento de la nueva normativa

La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, se reúne con representanbtes de las entidades del sector de la dependencia y discapacidad de Cantabria

La Consejería de Empleo y Políticas Sociales y las entidades del sector de la dependencia y discapacidad que trabajan en Cantabria han celebrado este viernes el primer encuentro para constituir un grupo de trabajo que debatirá y analizará las cuestiones que se planteen en la aplicación de la nueva orden.

Esta normativa regula los requisitos materiales y funcionales de los centros de servicios sociales especializados y los requisitos de acreditación de los centros de atención a la dependencia de la Comunidad, ha indicado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

La consejera Ana Belén Álvarez ha explicado que se trata de un grupo que está contemplado en la orden, cuyo objetivo es facilitar tanto a la Administración como a las entidades del sector la transición a la nueva normativa y que permitirá dar respuesta de forma consensuada a las dudas o problemas que resulten de su aplicación.

"Si queremos avanzar en la construcción de un Sistema Público de Servicios Sociales dinámico y ágil, capaz de dar respuesta rápida a las demandas sociales debemos y queremos estar en permanente actitud de mejora, de cambio, de reforma", ha afirmado Álvarez.

Desde FED y LARES valoran positivamente que la norma recoja expresamente la creación de este grupo de trabajo que va a permitir trabajar en aquellos aspectos que se hayan quedado "un poco pendientes de mirar o de valorar", ha expresado Rubén Otero, que ha recalcado que es una normativa "abierta" a los cambios y espera "que perdure en el tiempo"no sea como hasta ahora, que cada 4 años se hacía una Orden nueva".

Por su parte, el presidente de CERMI Cantabria y presidente de la Asociación Cántabra pro Salud Mental, Ignacio Fernández, ha destacado el papel que tendrá este grupo a la hora de estudiar la adaptación de las entidades a la norma.

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FONDOS EU PARA LA ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS

En el transcurso de la reunión, en la que han participado también el director de Políticas Sociales, Julio Soto, y la directora del ICASS, María Antonia Mora, la consejera ha dado a conocer la celebración de dos sesiones formativas, que tendrán lugar durante la segunda quincena de abril, en las que se hablará de los fondos europeos extraordinarios que se van a destinar a la economía de los cuidados.

En estos encuentros la Consejería informará de los proyectos que se han presentado desde Cantabria a los fondos Next Generation UE, que el Gobierno de España ha agrupado dentro del denominado 'Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión'.

Los encuentros serán online debido a la pandemia de la COVID-19, en formato vídeo y a través de internet (webinar), y están dirigidos a los responsables de centros y entidades sociales, a responsables políticos de las administraciones locales y autonómica, y a los profesionales de los servicios sociales de Atención Primaria.

El objetivo es descubrir las oportunidades que ofrecen los fondos Next Generation UE para "modernizar" el Sistema Público de Servicios Sociales de Cantabria, conocer los proyectos presentados por la Consejería de Empleo y Políticas Sociales e identificar aquellos que puedan recibir financiación con cargo a estos fondos.

NUEVAS AYUDAS A LA DEPENDENCIA

Álvarez ha anunciado también a las entidades del sector que ya se está preparando el decreto de las nuevas ayudas directas al sector de la dependencia para garantizar la calidad de los servicios y que estos no se vean afectados por los gastos extraordinarios provocados por la COVID-19.

Según ha explicado, estas ayudas se van a incrementar en un 50 por ciento sobre la cantidad inicialmente prevista hasta alcanzar los 1,5 millones de euros e incluirán a las entidades de ayuda a domicilio.

La nueva línea de ayudas que gestionará el ICASS (Instituto Cántabro de Servicios Sociales) se suma al millón de euros, aprobado en julio de 2020, cuyo destino ha sido sufragar las plazas no reemplazables durante el confinamiento, siendo Cantabria una de las primeras comunidades en adoptar una medida de este tipo.

Álvarez ha insistido en que el objetivo del Gobierno es "mantener y mejorar la adecuada atención a las personas dependientes y garantizar que los servicios se puedan prestar con normalidad, asegurando su sostenibilidad y el mantenimiento de los numerosos puestos de trabajo vinculados a esta actividad".

En concreto, esta medida persigue minimizar los efectos económicos ocasionados por la compra de equipos de protección individual y material higiénico-sanitario, los gastos de contratación de personal, la adecuación de espacios para garantizar el distanciamiento social, su desinfección y otras medidas adicionales de higiene y protección realizadas para frenar y reducir el contagio por Covid.