Podemos rechaza la oficina antiokupación que propone el PP y pide "soluciones reales" a la vivienda
Podemos ha criticado la Oficina de Apoyo a Víctimas de la Okupación e Inquiokupación que prevé crear el Gobierno de Cantabria (PP), una medida que, a su juicio, forma parte de una "estrategia del miedo" que busca "desviar la atención de la profunda crisis de acceso a la vivienda que sufre la ciudadanía".
Así, la formación morada ha exigido al Ejecutivo regional "soluciones reales" ante esta "crisis" de la vivienda en lugar de buscar "enemigos imaginarios".
La coordinadora autonómica de Podemos, Mercedes González, ha opinado que la creación de esta oficina --una de las medidas que recoge el anteproyecto de Ley de Vivienda autonómica presentada este jueves por el Gobierno 'popular', "no responde a una necesidad real ni aborda las verdaderas causas del problema habitacional en Cantabria".
Considera que se trata de una "medida populista que se apoya en el sensacionalismo y en creencias infundadas, no en datos reales".
Podemos considera que este tipo de iniciativas "buscan alimentar un clima de alarma social injustificado, mientras se ignoran los problemas estructurales que afectan a miles de familias en la comunidad autónoma".
"El verdadero conflicto no es la ocupación ilegal, que representa un fenómeno minoritario, sino la dificultad cada vez mayor para acceder a una vivienda asequible", ha aseverado.
La formación morada achaca la actual problemática al incremento del precio de las viviendas; a la falta de parque público; a la "presión" del alquiler turístico y la "precariedad" salarial que "está empujando a muchas familias cántabras al límite".
"¿Por qué no crea el PP una oficina para frenar los desahucios o para regular los alquileres abusivos?", se ha preguntado González, que considera que lo que necesita Cantabria "no son más mecanismos de criminalización, sino un plan de choque valiente que garantice el derecho a una vivienda digna".
Así, propone ampliar el parque público de vivienda en alquiler social mediante adquisición, rehabilitación y construcción directa por parte del Gobierno de Cantabria; una regulación efectiva de los precios del alquiler, especialmente en las zonas tensionadas; la limitación del uso turístico de viviendas mediante normativas claras que prioricen el uso residencial; refuerzo de ayudas al alquiler y planes de emancipación para jóvenes, e impuestos a la vivienda vacía en manos de grandes tenedores para incentivar su puesta en el mercado.
Podemos ha exigido al Ejecutivo liderado por María José Sáenz de Buruaga "que abandone las políticas de confrontación y miedo, y empiece a trabajar con seriedad y responsabilidad en garantizar el derecho a una vivienda digna, segura y asequible para toda la ciudadanía cántabra".