Podemos presenta alegaciones al 91% de los artículos del proyecto de Ley de Vivienda de Cantabria
Podemos ha presentado alegaciones a 157 de los 172 artículos --esto es el 91 por ciento-- del proyecto de Ley de Vivienda impulsado por el Gobierno de Cantabria (PP) porque, en su opinión, "protege más los intereses de los grandes propietarios que los derechos de la ciudadanía".
Además, considera que el texto presentado por el Ejecutivo regional "no garantiza el derecho a una vivienda digna y adecuada; no da respuesta a la emergencia habitacional que vive la comunidad y mantiene una visión especulativa y mercantilista" del acceso a este bien.
En un comunicado, la coordinadora autonómica de Podemos, Mercedes González, ha explicado que aspectos "fundamentales", como el control de precios del alquiler en zonas tensionadas; la ampliación "urgente" del parque público de vivienda, la protección contra los desahucios sin alternativa habitacional, y la definición y garantía del uso social de la vivienda.
Por su parte, el responsable autonómico de Medio Rural y Defensa del Territorio del partido, Pablo Gómez, ha calificado el proyecto como "una ley vacía que se presenta como un avance, pero que en realidad blinda el modelo especulativo que nos ha llevado a esta situación de emergencia".
A su juicio, la ley que se propone "no aporta soluciones, criminaliza la pobreza y olvida a quienes no pueden acceder a una vivienda en condiciones dignas".
Desde Podemos han defendido que "Cantabria necesita una ley de vivienda valiente, útil y justa, a la altura de la emergencia habitacional que sufrimos. Y vamos a seguir trabajando para conseguirlo".
PAH
Por su parte, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) también ha presentado alegaciones a este proyecto de ley para "reforzar" la protección del derecho a una vivienda digna y adecuada.
En su escrito, la PAH propone modificaciones y adiciones que "reorienten" el enfoque del texto legal hacia la garantía efectiva de derechos, con especial atención a los colectivos más vulnerables.
Entre las principales propuestas se encuentran, por ejemplo, la revisión de las políticas frente a la okupación, en las que pide eliminar "calificativos penales anticipados" como "ilegal" y que se reformule el fenómeno como una manifestación de la emergencia habitacional.
También exige la garantía del uso residencial de las viviendas y propone limitar su conversión en oficinas, pisos turísticos u otros usos no habitacionales en zonas tensionadas.
Además, plantea la introducción de mecanismos económicos subsidiarios, como prestaciones cuando no haya viviendas disponibles, y la posibilidad de actuación inmediata ante riesgos sanitarios derivados de la falta de alojamiento, así como la redefinición del acceso a ayudas públicas, "centrando la acción en las personas en situación de emergencia habitacional en lugar de priorizar exclusivamente a los rentistas".
La PAH ha hecho un llamamiento al Gobierno de Cantabria y a los grupos parlamentarios a incorporar estas mejoras para asegurar una normativa "avanzada, garantista y centrada en las personas". "No se puede construir una ley de vivienda ignorando la realidad de quienes sufren desahucios, infravivienda o sinhogarismo. La ley debe dar respuestas reales a la emergencia habitacional que vivimos", ha demandado.