Podemos ha presentado una proposición no de ley (PNL) solicitando al Parlamento de Cantabria que se pronuncie respecto a las "inmatriculaciones masivas de bienes públicos que realizó la Iglesia durante el Gobierno de José María Aznar".
La formación cree que este "escándalo jurídico y económico" de las inmatriculaciones de la Iglesia católica, 100.000 en todo el país, merece ser considerado "como una cuestión de Estado y que se arbitre una solución global".
Según Podemos, la "raíz de este caos jurídico" se encuentra en el "limbo jurídico" en que quedó tras la Constitución española el patrimonio que la Iglesia católica "se atribuye".
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Para la responsable de Cultura de la formación morada, Elsa de Miguel, "no hay más solución que deshacer lo mal hecho y hacer lo que no se hizo: cancelar de oficio todos los asientos practicados con certificación eclesiástica por ser nulos de pleno derecho, al menos desde la entrada en vigor de la Constitución; y determinar por ley cuáles son los criterios para calificar nuestro patrimonio cultural religioso de dominio público y proceder a su catalogación y registro".
Por su parte, la portavoz de Podemos Cantabria, Mercedes González, ha sostenido que "resulta crucial y urgente" regular por ley los criterios para determinar la naturaleza pública del patrimonio cultural de carácter religioso, así como practicar el inventario de los mismos en sus distintas categorías para proceder a su debida inscripción registral, identificando todos los bienes eclesiásticos desamortizables sobre los que el Estado mantiene su derecho a enajenar para hacerlo constar en el Registro de la Propiedad.
Por todo ello, desde Podemos piden habilitar "los mecanismos oportunos para calificar nuestro patrimonio cultural religioso de dominio público, establecer los procedimientos para su catalogación y registro, y posibilitar la reclamación de la titularidad del dominio de dichos bienes por sus legítimos titulares".
