Podemos-Izquierda Unida ha exigido al Gobierno autonómico y a los ayuntamientos que mapeen y detallen los inmuebles propiedad de la SAREB, y sus planes para ellos.
Según el cálculo de la coalición, un 2,3% de las viviendas de la SAREB están en Cantabria, casi 4.000 inmuebles, garajes, naves y suelos, tanto habitados como no.
En un comunicado, las candidatas de la coalición, Mónica Rodero y Carmen Martín, han reclamado conocer "tan pronto como sea posible" qué inmuebles de la SAREB están en suelo cántabro, desglosados por ayuntamientos, y cuándo y cómo se va a solicitar su cesión, en qué condiciones se van a alquilar y a quién se va a priorizar para beneficiarse de ellos.
Según Rodero y Martín, "para que las promesas no se queden en agua de borrajas, el camino está claro: transparencia, diálogo, planificación".
"Está bien que el PSOE llegue a medidas que se vienen proponiendo desde la izquierda al menos desde 2012. Celebramos que hayan llegado, aunque sea tan tarde, en período electoral y pudiendo haber evitado tanto sufrimiento", ha ironizado Rodero, candidata de la coalición a la Presidencia de Cantabria.
Por su parte, Martín, número dos de la coalición, ha reprochado al PP que defendiera que la SAREB sería "un gran negocio" y ha recordado que el pasado febrero, la candidata de este partido a la presidencia de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, defendiera que la solución "es construir más vivienda en un país con tres millones y medio de viviendas vacías". "El mismo PP y las mismas recetas caducadas: poca imaginación, poca voluntad para ayudar y mucho negocio para los amiguetes", ha censurado.
Rodero ha defendido que los gobiernos autonómico y municipales deben priorizar la puesta en marcha de estas medidas "porque están en juego las condiciones de vida reales de mucha gente. No son abstracciones: estas medidas pueden no servir para nada, o para cambiar vidas a mejor. Desde luego, a partir de junio, nosotras tenemos clarísimo por lo que vamos a empujar y lo que vamos a exigir".
En este sentido, Martín ha puntualizado que gestionar los pisos y el suelo de la SAREB "no es suficiente para garantizar el derecho a la vivienda en España", mientras que poner la empresa pública al servicio de las políticas de vivienda "cambiaría la situación".
Entre las medidas que plantean figuran vincular el alquiler social de estos inmuebles al nivel de ingresos, suspender los procedimientos de desahucio y agilizar los convenios para que los inmuebles se movilicen cuanto antes. Destacan que se debe aprovechar el suelo rústico del que la SAREB dispone para invertir en energías renovables y estrategias de desarrollo rural y fijación de la población al territorio.
