Podemos denuncia a la Fiscalía la "fragmentación" de parques eólicos para evitar que dependan del Ministerio

Podemos Cantabria ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente por "presunta fragmentación artificiosa" de los parques eólicos Cotío, Morosos, Henestrosas y Ornedo, todos ellos promovidos por la empresa Green Capital Power S.L., ubicados en los municipios de Campoo de Enmedio, Valdeolea, Valdeprado del Río y Valderredible.

La formación morada señala que las propias resoluciones administrativas del Gobierno regional "reconocen" que los proyectos comparten infraestructura de evacuación, planificación conjunta y funcionamiento interdependiente, pero "aun así han sido tramitados como expedientes independientes, cada uno por debajo del umbral de 50 megavatios".

Podemos subraya que la Declaración de Impacto Ambiental conjunta publicada en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) establece que los tres parques Morosos, Henestrosas y Ornedo forman "un único complejo productivo de energía eólica", y recoge que la potencia total conjunta asciende a 62,365 MW, "superando claramente el límite que otorga la competencia exclusiva al Ministerio para la Transición Ecológica".

A esto suma que el parque Cotío, autorizado recientemente con una potencia de 17,325 MW, comparte también tramos de evacuación y acuerdos técnicos con los demás, lo que "incrementa la unidad funcional del proyecto".

"Si la propia Administración reconoce que se trata de un único complejo de más de 60 MW, no tiene ningún sentido que se tramite por separado. Esto podría suponer un fraude de ley destinado a evitar la evaluación ambiental conjunta y a eludir la competencia estatal", ha señalado el responsable de Medio Ambiente de Podemos Cantabria, Pablo Gómez.

Así, la denuncia presentada pide a la Fiscalía que determine si la presunta fragmentación de los parques eólicos ha servido para esquivar la evaluación ambiental conjunta que exige la Ley 21/2013, y que se investigue si esta división ha permitido eludir la competencia estatal, reservada para proyectos que superan los 50 MW.

En un comunicado, Podemos ha apuntado a un posible "uso instrumental de la fragmentación" por parte del promotor, y plantea que la actuación administrativa "podría encajar en fraude de ley o incluso prevaricación".