Podemos denuncia en Europa al Gobierno de Cantabria por "posibles incumplimientos" en la gestión y protección del suelo
Podemos ha denunciado al Gobierno de Cantabria (PP) ante la Unión Europea (UE) por "posibles incumplimientos" en la gestión y protección del suelo rústico y el uso de los Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIR), que según la formación morada está provocando una urbanización "descontrolada y la destrucción progresiva de suelos agrícolas y forestales".
Así lo ha manifestado en un comunicado en el que ha criticado la aplicación de la Ley del Suelo, que "ignora" la planificación municipal y los criterios de sostenibilidad, "generando un modelo territorial que contradice" los principios y estrategias de la Unión Europea en materia de protección del suelo, clima y biodiversidad.
El PSIR permite la implantación de "grandes infraestructuras industriales, logísticas o turísticas en suelos de alto valor" agrícola y forestal, incluso fuera de los planes urbanísticos municipales.
Entre ellos, ha destacado La Pasiega, Las Excavadas y Laredo, que "afectan a más de 270 hectáreas de suelo fértil y de especial protección, poniendo en riesgo ecosistemas clave y recursos naturales esenciales".
Asimismo, la formación ha señalado el crecimiento de las viviendas autorizadas en suelo rústico desde la modificación de la ley, que amplió de 100 a 200 metros la franja edificable desde el suelo urbano.
"Solo desde enero de 2024 se han aprobado 370 viviendas unifamiliares, más de la mitad relacionadas directa o indirectamente con el turismo rural", según Podemos Cantabria.
El responsable de medio ambiente del partido, Pablo Gómez, ha afirmado que la gestión del suelo en Cantabria "es única en Europa, pero no precisamente por su buena práctica".
Mientras en el resto la UE se protegen y restauran suelos agrícolas y forestales, aquí "se avanza hacia su destrucción, amparando un modelo que prioriza los intereses urbanísticos e industriales por encima del medio ambiente y el bienestar común", ha dicho.
Asimismo, Podemos ha pedido a la UE que investigue los efectos de esta ley sobre el territorio y determine si su aplicación es compatible con la normativa europea, incluyendo la Estrategia Europea de Protección del Suelo 2030, la Ley del Clima Europea, las Directrices de la Comisión Europea sobre sellado del suelo de 2012, la Carta Europea de Autonomía Local y la Carta Europea de Ordenación del Territorio.