Podemos Cantabria ha denunciado ante la Comisión Europea la "falta de participación ciudadana" en la implantación de energías renovables, como los proyectos de los parques eólicos.
La formación cántabra está encabezando una denuncia ante la Comisión Europea que defiende que el Gobierno central pretende acelerar la implantación de las renovables "recortando las garantías de protección ambiental". Podemos señala que también se está desmantelando el entramado jurídico que otorga a la Evaluación Ambiental "el papel de instrumento de protección del medio ambiente", y que Cantabria "es claro ejemplo de las trabas que se ponen a la ciudadanía para participar en la implantación de las renovables".
La formación morada ha comunicado a la Comisión Europea que "en Cantabria no se cumplen los principios europeos de participación ciudadana en los temas que afectan al medio ambiente". Según afirman, "en Cantabria solo existe el derecho a la protesta, y eso está muy alejado de los principios de participación pública europeos".
En su denuncia, Podemos destaca que el Convenio de Aarhus, que fija las condiciones de participación pública en los proyectos que afectan al medio ambiente, "no se aplica en Cantabria ya que, de sus tres principios (derecho a la información, derecho a la participación y derecho a la justicia), solo se cumple el derecho a la justicia, y para colmo no es gratuita".
Desde la formación progresista consideran que para que exista una participación real, "las personas que habitan los pueblos deberían tener posibilidad de participar en los asuntos que afectan a su territorio, y eso en Cantabria no sucede".
Para Podemos, existen instrumentos de ordenación territorial que garantizan la participación ciudadana, "pero los sucesivos gobiernos de Cantabria han decidido no contar con la ciudadanía y dejar a las multinacionales decidir, a su conveniencia, qué hacer con nuestro territorio".
El responsable de Defensa del Territorio de Podemos Cantabria, Pablo Gómez, ha explicado que su denuncia tiene dos vertientes: por un lado quiere garantizar que la implantación de las renovables sea respetuosa con el medio ambiente y la ordenación territorial, y por otro, hacer partícipe a la población de las zonas rurales de las decisiones que afectan a su entorno.
