Plataforma contra la Morosidad denuncia que las Comunidades amenacen con impagos: "Usan a los proveedores como escudo"

Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM)
photo_camera Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM)
El presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), Antoni Cañete, ha denunciado que algunas Comunidades Autónomas amenacen con impagos a los proveedores si no se resuelve el problema de financiación que afrontan en la recta final del año y ha criticado que los usen "como escudo en un conflicto entre administraciones".

"Es vergonzoso", ha afirmado Cañete, en las que ha censurado la reacción de gobiernos como el de Madrid cuyo vicepresidente, Ignacio Aguado, avisó recientemente de que si no se resuelve el problema puede tener problemas para pagar a proveedores.

El asunto de fondo es que el Ministerio de Hacienda no puede transferir a las autonomías la actualización de la financiación que reciben del Estado porque no hay nuevos Presupuestos de 2019, así que cobran según las cuantías de 2018 y tienen un agujero en sus cuentas que supera los 7.000 millones. Según el Gobierno, estando en funciones y con el Presupuesto prorrogado no puede abonar esos fondos.

El resultado es que bastantes Gobiernos autonómicos están empezando a tener problemas de tesorería y Hacienda busca una solución legal para transferir ese dinero, pero de momento no hay resultados.

"Basta ya de pensar que se puede dejar de pagar facturas. Una empresa es un bien preciado, sobre todo las pequeñas y las medianas, que pueden cerrar", ha advertido el presidente de la Plataforma, organización que agrupa a entidades estatales, autonómicas y sectoriales que representan a cerca de 1 millón de empresas y emplean a 4,5 millones de personas, entre autónomos y asalariados.

"LOS MISMOS TICS"

Antoni Cañete ha asegurado que las declaraciones de Aguado, en una entrevista, han alarmado a algunos de sus asociados por si se repite la situación de hace una década y se multiplica la morosidad de las administraciones públicas. Según advierte, se empiezan a repetir "los mismos tics" de hace unos años y que las empresas saben "cómo empieza, qué pasa y qué consecuencias tiene".

Cañete apunta que en 2007 la media de pago de las administraciones era de 166 días, con algunas instituciones por encima de los 400 días. "Había deudas que yo llamo 'gran reserva'", ironiza.

La situación llevó al Gobierno a aprobar un Plan de Pago, por el que prestó dinero a las autonomías para que saldaran deudas y a vigilar por ley el Periodo Medio de Pago, el tiempo en que tardan en pagar facturas, que no puede superar los 30 días por obligación europea. Cuando se rebasan los 60, se ponen en marcha medidas de control que en última instancia puede suponer la retención de fondos por parte de Hacienda.

"Hemos hecho un gran recorrido", admite Cañete. En el caso de las Comunidades Autónomas, y según los datos del Ministerio de Hacienda, pagaron en mayo a sus proveedores a los 33,51 días de media. Las corporaciones locales alcanzaron los 61,04 días y la administración central, los 31,84.

ESCENARIO ECONÓMICO INCIERTO

La Plataforma contra la Morosidad advierte de que el escenario económico es ahora "incierto" y que por eso encuentra "de una gran irresponsabilidad" declaraciones como las del vicepresidente de la Comunidad de Madrid.

Antoni Cañete reclama por tanto a los Gobierno regionales que en caso de problemas de financiación con el Estado no "usen" a los proveedores y tomen otras medidas. Ha apuntado también que es necesario que se forme Gobierno y, especialmente, que se aprueben nuevos Presupuestos del Estado.

La Plataforma contra la Morosidad explica que la ausencia de Ejecutivo ha impedido también avanzar en una legislación con sanciones contra la morosidad, que esta organización reclama desde hace tiempo para luchar contra los retrasos e impagos también entre empresas. Antoni Cañete ha denunciado que existe un 'lobby' de las grandes empresas contra este tipo de sanciones por sus retrasos al pagar a autónomos y pymes. "Les financiamos y nuestras pymes son menos competitivas", ha agregado.