Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria denuncia la "ilegalidad y nulidad" del procedimiento del PROT

Afirma que la "supuesta participación" habilitada "no responde a las exigencias" del Convenio de Aarhus ni la ley de acceso a la información

La Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria ha enviado un escrito al consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, el regionalista José Luis Gochicoa, en el que le advierte de la "ilegalidad y nulidad" del inicio del procedimiento de aprobación del borrador del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT).

En el escrito, que el colectivo ha remitido a los medios de comunicación, se indica que la "supuesta participación" que propone el Ejecutivo en relación a este procedimiento "no responde a las exigencias" del Convenio de Aarhus ni tampoco a la Ley 27/2006, que regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

La Plataforma considera que lo que se propone, por parte del Ejecutivo regional, es un "mero simulacro de participación", en el que el colectivo "renuncia a intervenir".

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Además, ha exigido que sus consideraciones "no sean valoradas, ni utilizadas" como tal participación", pues "no tiene otro carácter que el de denuncia frontal" de todas las actuaciones que se están llevando a cabo en la elaboración del PROT.

Este colectivo ha señalado que los criterios generales de los que parte el PROT debieran ser elaborados, "no en la oscuridad por quienes nos han traído al caos actual, sino por todos".

"Todo lo que nos presentan es, pues, nulo de pleno derecho", ha afirmado la Plataforma, que considera que ello deberá ser reelaborado a partir de un "proceso de real participación".

El colectivo sostiene que parece que el Ejecutivo está intentando "una aparente, irreal participación ciudadana" en el que "se olvida de nuevo a los posibles afectados directos por los grandes proyectos e infraestructuras: vecinos, concejos abiertos/juntas Vecinales propietarios de los terrenos comunales, concejales y pedanías".

Según la Plataforma, en esta participación del PROT, se "priva" a estos afectados "del exacto conocimiento y, en especial, deldebate público de las razones y efectos de cada actuación concreta, hurtándole el acceso a la información y la práctica de la participación ciudadana que se impusieron en Aarhus".

"Hay que insistir, pues, en la exigencia de una correcta y objetiva información previa, que potencie una real participación ciudadana al elaborar las políticas que deseamos, que se concrete en un eficaz debate público, poniendo sobre la mesa del mismo todas las razones e intereses en litigio", ha insistido.

Para la Plataforma, "pretender, luego, implantar proyectos e infraestructuras sin informar ahora de modo adecuado acerca de los mismos y sus reales impactos a las poblaciones afectadas no genera otra cosa que desengaño y desafección social local hacia los proyectos".

"La participación social no se reduce a posibilitar la mera presentación de alegaciones durante el periodo de información pública, ni a exhibir abstrusos documentos, exagerada e innecesariamente técnicos, ni a asistir a reuniones, ni a poder entrar en un portal de Internet. Exige facilitar a la población local, de forma previa y durante el trámite, un conocimiento real y suficiente de lo que se propone, para, entre todos, decidir el mejor modelo de desarrollo territorial y socioeconómico para la zona", ha mantenido.

ENERGÍA EÓLICA

Respecto a la energía eólica, la Plataforma considera que, antes de hablar de la implantación de parques eólicos --un tema ahora de actualidad a raíz de los proyectos que hay sobre la mesa o en tramitación que afectan a los Valles del Pas y Trasmiera--, se deben primero solventar "debates esenciales", como el de decidir entre la generación concentrada y la distribuida, una cuestión que, según se ha quejado, "no parece interesar a nadie".

En cuanto a la implantación de parques eólicos en los Valles del Sur, el colectivo afirma que "la posible ejecución de infraestructuras de comunicaciones, eólicas, de transporte energético, ... debería tener en cuenta la enorme calidad y fragilidad de estos paisajes histórico-culturales, a los que se podría hacer perder parte de sus valores yreconocimiento".

"Un paisaje cultural constituye un valioso e insustituible recurso como elemento revitalizador del territorio, especialmente necesario para el desarrollo de los periféricos, afectados por procesos de despoblación. Los usos que se espera sean motores de revitalización territorial son los asociados a actividades de ocio y turísticas, apoyadas en la excelencia paisajística del territorio", ha defendido.