La Fiscalía ha solicitado penas de 14 y 11 años de inhabilitación para empleo o cargo público a los dos exaltos cargos del Servicio Cántabro de Salud imputados por presunta prevaricación administrativa en relación con supuestas irregularidades en contratos de obras y servicios del SCS durante la pasada legislatura.
En concreto, el ministerio fiscal considera al que fuera subdirector de gestión económica del SCS Francisco Javier González autor de un delito continuado de prevaricación administrativa por el que le reclama 14 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
Y al exdirector de la Gerencia de Atención Primaria Alejandro Rojo le acusa del mismo delito -no continuado- por el que le solicita 11 años de inhabilitación para empleo o cargo público, según fuentes de la Fiscalía, consultadas por Europa Press.
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Las presuntas irregularidades en los contratos del SCS, en la etapa de María Luisa Real como consejera de Sanidad, salieron a la luz en 2018 y a raíz de las mismas no solo dimitieron de sus cargos los dos sospechosos, sino también el entonces gerente del Servicio, Julián Pérez Gil.
La titular del Juzgado número cinco de Santander que instruyó la denuncia de la Fiscalía también imputaba por el mismo delito al asesor externo Álvaro Saez de Viteli, que falleció con posterioridad.
Las presuntas irregularidades se apreciaron en contratos menores para el pintado de centros de salud y las obras de ampliación del hospital virtual de Valdecilla; así como la compra de 22 ecógrafos; y las asistencias técnicas del citado consultor.
El ministerio público entendió que se había producido un fraccionamiento indebido de los mismos y que algunos se habían adjudicado a tres empresas con los mismos administradores, uno de ellos hijo del alcalde socialista de Suances, según denunció en su día el PP.
Hace dos meses, la Audiencia de Cantabria ratificó ambas imputaciones al confirmar el auto previo del citado Juzgado, que acordaba seguir las actuaciones contra los dos exaltos cargos del SCS por presunta prevaricación.
En esa resolución, la Sección Primera de la AP rechazaba los recursos presentados por ambos investigados en la causa, al entender que existen hechos que indiciariamente pueden constituir delito.
Y desestimaba además el recurso del ministerio público que pretendía incluir en los hechos susceptibles de enjuiciamiento las obras de ampliación del Hospital Virtual, al que se había adherido el PP, personado como acusación en la causa y denunciante también, junto a IU, de los hechos que dieron pie a la investigación.
Presentaron sus denuncias ante la Fiscalía hace ahora tres años, después de que se hiciera público el correo electrónico que la jefa de Contratación del SCS --una funcionaria, que acumulaba 35 años de servicio y se acaba de jubilar-- remitió a la consejera de Sanidad meses antes, denunciando irregularidades en su departamento.
