Blanco defiende un presupuesto que apoya al sector primario y el PP dice que no frena el cierre de ganaderías

photo_camera 30/9/22 SANTANDER ep consejeros de Pesca Rueda de prensa de los consejeros de Pesca de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Andalucía sobre el veto de la Unión Europea a zonas de pesca de arrastreros Guillrmo Blanco, Consejero de Cantabria; Leandro Azkue, Director General pesca gobierno Vasco; Carmen Crespo Consejera Andalucia; Jose Gonzalez Diresctor General Asturias FOTO:

El consejero de Ganadería Pesca y Desarrollo Rural, Guillermo Blanco (PRC), ha defendido hoy el presupuesto de su departamento para 2023 porque ofrece "apoyo suficiente" al sector primario para mantener el nivel de renta "que tanto nos ha constado alcanzar" y porque permite seguir ejecutando el resto de las políticas que se han puesto en marcha durante esta legislatura.

Un presupuesto que, contando fondos europeos, asciende a 226 millones de euros --165,4 millones sin ellos, un 7,6% más-- y en el que las inversiones reales "son lo que más aumenta", hasta los 2,8 millones, ha recordado hoy Blanco durante su comparecencia en el Parlamento para informar sobre estas cuentas que crecen "de manera significativa" respecto al año anterior.

Unos presupuestos que, sin embargo, ha criticado la oposición. El diputado del PP, Pedro Gómez, ha dicho que no le "satisfacen" porque no frenan el cierre continuo de explotaciones ganaderas, que es "imparable". Igualmente ha calificado el presupuesto de "mentiroso" pues el "incremento real" a su juicio es del "-0,6%", y se ha mostrado "muy preocupado" por la ejecución del actual, concretamente de los Fondos de Recuperación y Resilencia (FRR), que según ha dicho alcanza el 6% en octubre.

Blanco ha negado que haya una falta de ejecución del presupuesto puesto que "la mayoría" de las órdenes de ayuda finalizan en diciembre, y ha afirmado que "se van a cumplir los hitos" de los FRR, que "no se van a perder". Además, ha asegurado el compromiso del Gobierno de Cantabria con los ganaderos tras el recorte de la PAC, aportando "lo que no venga de Europa o del Ministerio".

Mientras, el diputado de Cs, Diego Marañón, se ha interesado por la lucha contra los incendios forestales y la recuperación de las canteras de Cuchía y Reocín, así como por la posible ubicación en esta última de la depuradora de Vuelta Ostrera, y ha defendido más ayudas por el incremento del coste de los carburantes.

Blanco ha avanzado que habrá "novedades y avances importantes" en materia de incendios el año próximo, en el que se implementarán nuevas medidas que se darán a conocer el viernes. En cuanto a Cuchía y Reocín, ha señalado que se llevarán a cabo "proyectos blandos" de restauración ambiental.

Y sobre la instalación de Vuelta Ostrera, ha afirmado que desconoce cuál será su ubicación porque es competencia de Obras Públicas aunque en su opinión la mejor es la actual, por implicaciones sociales e impacto visual, además de porque sería "un despilfarro" demolerla para construir otra a poca distancia. En su opinión, serían los promotores del proceso que ha llevado a la sentencia, "que caben en dos autobuses", quienes deberían instar a que se paralizara.

Por su parte, el diputado de Vox, Armando Blanco, ha censurado el incremento en el gasto de salarios -"lo único que aumenta es el coste burocrático de la gestión"--, y ha dicho que los fondos europeos "distorsionan la realidad y ocultan graves desequilibrios estructurales", lo que da lugar a un presupuesto "maquillado", en el que se consolida el gasto corriente y se limitan las inversiones reales.

Blanco ha respondido explicando que la subida en personal se debe a la incorporación de una persona a la Dirección General de Pesca, que cuenta con diez, y al incremento salarial establecido por el Gobierno central.

Los grupos que apoyan al Gobierno han hablado de presupuestos "integradores", que conjugan el desarrollo de todas sus áreas con los objetivos de la Agenda 20-30 (PSOE); y han defendido sus logros en despoblamiento, lucha contra los daños del lobo --partida que aumenta un 55%, hasta los 2,8 millones de euros-- y "adecuada" gestión de fondos europeos (PRC).