El personal de Comisiones Obreras en la Administración General del Estado (AGE) se ha concentrado este miércoles frente a la Delegación del Gobierno en Cantabria, en Santander, para reclamar que la futura Ley de Función Pública, de la que se ha presentado el anteproyecto, "blinde" los servicios públicos.
Los delegados de la AGE -en la región se estima que hay unos 1.750 trabajadores-, han mantenido de forma previa una asamblea en la que ha intervenido la secretaria general de CCOO en el sector estatal de las administraciones públicas, Elisa Fernández, que ha detallado las principales reivindicaciones del sindicato.
En este sentido, ha señalado que CCOO exige garantías en materia de movilidad, carrera profesional, salarios, extensión a la totalidad del personal, desarrollo de grupos profesionales, comisión evaluadora del desempeño o reconvocatoria de las vacantes que resulten de las ofertas de empleo público, entre otras.
Así, en declaraciones a los medios de comunicación ha subrayado que es "fundamental" el "blindaje de los servicios públicos" y, por ello, ha exigido que en "todas las ofertas públicas de empleo (OPE) donde queden puestos vacantes, salga una reconvocatoria, porque, de lo contrario, los servicios públicos no se pueden atender con la calidad que la ciudadanía se merece".
Para Fernández, una de las "líneas rojas" que no contempla el anteproyecto de ley y que es "esencial" es lo que se denomina evaluación del desempeño, una de las medidas que se articuló en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) de 2007 "y que quisimos negociar los sindicatos como una medida para el reparto objetivo de la productividad".
Para la responsable estatal de CCOO en el sector, "esta evaluación del desempeño no tiene que ser un régimen disciplinario encubierto sino que tiene que estar destinado a que el complemento del desempeño, que es la actual productividad, se reparte de forma objetiva y transparente".
Fernández ha lamentado que aún no hay fecha para cerrar la negociación que se está manteniendo actualmente y que, aunque el Gobierno "tenía prisa para que se cerrara a lo largo del mes de febrero", actualmente "está paralizada" y no hay "un avance real" con respecto a las medidas que se proponen.
"Aunque vamos avanzando en medidas importantes, como que ya nos devuelven los concursos dentro de los departamentos ministeriales, no se avanza con la calidad que creemos necesaria para que la ley salga adelante", ha concluido.
