martes 18/5/21

El Parlamento insta al Gobierno a dar solución a los afectados por sentencias de derribo antes de acabar el año

Piden cumplir los convenios entre afectados y Administración para legalizar sus inmuebles o compensarles económicamente o con otra vivienda
Asociación de Maltratados por la Administración se concentra en el Parlamento

El Parlamento de Cantabria ha aprobado en el Pleno de este lunes una iniciativa presentada por los cinco grupos instando al Gobierno regional y a los ayuntamientos implicados a dar una solución definitiva a los afectados por sentencias de derribo antes de que termine el año 2021.

En concreto, pide que se cumplan los convenios firmados entre los afectados y el Gobierno de Cantabria, que todos los afectados tengan su convenio con las administraciones responsables y que se llegue a acuerdos "sin más dilaciones" con cada uno de ellos.

La iniciativa -una proposición no de ley (PNL)- también reclama presentar ante las autoridades judiciales los desarrollos urbanísticos que puedan afectar a la situación legal de lasviviendas y manifestar la importancia de seguir avanzando en el ordenamiento jurídico para que situaciones como las descritas "no se puedan repetir".

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Mediante los convenios, se intentan legalizar las viviendas a través de nuevos planes generales de ordenación urbana (PGOU) en los ayuntamientos implicados y, de no ser posible, se ofrece a los afectados una vivienda de sustitución o el dinero en el que se valore su inmueble.

La mayoría de los afectados "no quieren dinero", quieren legalizar su vivienda y si no se puede "quieren otra", ha explicado el diputado regionalista José Miguel Fernández Viadero, detallando que de las 392 viviendas afectadas la mayoría (334) ya tienen un convenio suscrito con el ejecutivo y otros 21 están en tramitación tras haber sido solicitados en el último año.

Ha destacado que los tribunales están "apretando el acelerador" y "apremiando" para proceder a la demolición en plazos "muy breves", ya que argumentan que han pasado "muchos años" para haber tomado medidas. Así, En estos momentos el Gobierno esta tasando las viviendas que "no tienen salvación" para poder pagar "inmediatamente a los afectados" si la ejecución se lleva a cabo.

ARGOÑOS, PIÉLAGOS Y ARNUERO

Respecto a los PGOU para intentar legalizar "una buena parte de viviendas que podrían librarse de la demolición", Fernández Viadero ha destacado que el Ejecutivo ha emitido en "tiempo récord" la memoria ambiental, de tal forma que Argoños ya ha aprobado inicialmente su plan general y lo ha remitido a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) para su aprobación definitiva.

En Piélagos, el caso "sigue en el Ayuntamiento" porque, tal y como ha dicho el regionalista, "no vale aprobar cualquier cosa para quitarlo de encima y mandarlo a la CROTU", pues el documento tiene que ser "capaz de soportar el análisis judicial" y no ser recurrido.

Además, una vez aprobados los PGOU habrá que solicitar las licencias de legalización de las viviendas y también se tendrá que pronunciar la Justicia.

Por otro lado, en Arnuero el Ayuntamiento ha puesto terreno a disposición del Gobierno para construir nuevas viviendas.

El diputado regionalista ha destacado que las administraciones tienen el "importante reto" de agilizar los trámites burocráticos, dar "certidumbre" a los ciudadanos y solucionar sus problemas, aunque la "falta de voluntad de acuerdo" por parte de los denunciantes está haciendo "mucho más difícil el camino hacia la solución".

Por su parte, desde el PSOE Noelia Cobo ha reconocido la labor de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que ha "recorrido kilómetros y kilómetros" en un camino que, no obstante, "no les ha llevado a ninguna parte" tras más de 20 años.

De hecho, debido al debate de esta iniciativa en el Pleno, miembros de AMA se han concentrado frente al Parlamento este lunes con una pancarta con la inscripción 'Por una Cantabria más justa. Acabemos con el problema de los derribos'.

Y dado que la PNL aprobada hoy es "otra prórroga" de iniciativas aprobadas en 2017 y 2019, la socialista ha manifestado que "lo que aprueba el Parlamento no puede ser papel mojado", por lo que ha pedido al Gobierno y a los ayuntamientos que cumplan los convenios para acabar con esta "pesadilla" para los afectados. "No podemos dejarles solos", ha sentenciado.

Al hilo, el 'popular' Iñigo Fernández ha lamentado que "el problema es que luego no se cumple" lo aprobado en la Cámara ni los convenios, tal y como piden los afectados, ya que son "lo más parecido que tienen a una solución" y su "principal paraguas protector".

Además, ha considerado que se pueden regularizar "muchas de las viviendas" con sentencia de derribo "con un poco de trabajo" y ha apostado por hacerlo porque "es mucho menos doloroso" para las familias, además de que "cualquier otra solución le será mucho más costosa económicamente" a la Administración.

Desde Ciudadanos, Diego Marañón ha añadido que "no podemos permitir que los errores de la Administración los acaben pagando los de siempre, los ciudadanos", y que hay "una obligación moral" de dar una solución. Y aunque ha reconocido que "se han dado pasos" para ello, "también es verdad que el problema no se ha resuelto" para todos los afectados, que siguen esperando "casi un cuarto de siglo más tarde".

Por último, el diputado de Vox Armando Blanco ha criticado que antes el urbanismo se regulaba con "cierta manga ancha" y "se legalizaba todo lo que se había construido de cualquier manera", una "absoluta falta de control" que ha tenido como consecuencia "más de 800 viviendas con sentencia de derribo" y de la que ha culpabilizado al actual presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, por el periodo en el que fue consejero de Obras Públicas -de 1995 a 2003-.

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