El Parlamento cántabro demanda más financiación para la dependencia y una mejora de condiciones de los trabajadores
Todos los grupos del Parlamento de Cantabria (PP, PRC, PSOE y Vox) han unido este lunes sus votos en el Pleno para demandar un aumento de la financiación autonómica del sistema de dependencia y una mejora de las condiciones salariales y ratios de personal en este sector y en el servicio de ayuda a domicilio.
En la iniciativa aprobada, impulsada por el PRC --que ha pactado cambios en el texto original con los otros dos grupos de la oposición-- se reclama que las condiciones laborales de los trabajadores de estos sectores --en gran parte mujeres-- se actualicen en base a "indicadores reales del coste de la vida", eliminando actuales referencias al PIB en los convenios que impiden hacer efectivas estas mejoras.
Además, se insta al Gobierno del PP a elaborar pliegos de contratación que impidan de forma efectiva la adjudicación de contratos en baja temeraria "a costa de la retribución de las trabajadoras y la degradación del servicio" y se reclama la implementación de auditorias que, con carácter periódico, evalúen las condiciones laborales de los trabajadores.
Durante todo el debate han sido varios los portavoces que han puesto de relieve la "precariedad" que sufren los trabajadores de la dependencia y han insistido en la necesidad de "dignificación" de sus condiciones.
Y en cuanto al funcionamiento del sistema de la dependencia, desde el PRC se ha advertido que está "mostrando síntomas evidentes de agotamiento estructural".
Desde el PP, y aunque se reconoce que "hay cosas por mejorar", se ha reprochado a los regionalistas que pretendan pintar un "panorama desolador" que, a su juicio, no se corresponde con la realidad. Así, el diputado Alejandro Liz, ha reivindicado la gestión del Gobierno en esta materia y ha reprochado al Ejecutivo central no cumplir con la aportación comprometida al sistema.
Además, y aunque el PP ha apoyado la iniciativa, ha señalado que hay cuestiones que se incluyen en ella que están sujetas a la negociación colectiva y en las que el Gobierno "no puede interferir" ni "entrometerse" porque corresponde a la patronal y a los sindicatos.
"Si son capaces estas partes negociadoras de elaborar un convenio mejor para los trabajadores, el Gobierno de Cantabria estará encantado de aplicarlo", ha dicho.
PLAN DE SALUD BUCODENTAL
Por otra parte, el Pleno también ha aprobado, con los votos a favor de Vox, PRC y PSOE una iniciativa en la que se da tres meses al Gobierno regional para presentar un plan plurianual de higiene bucodental que concrete, con distribución anualizada hasta 2029, las previsiones de incremento de profesionales, su implantación territorial y la dotación presupuestaria prevista.
La iniciativa original ha partido de Vox, si bien el contenido de la misma ha sido en parte modificado y ampliado con una enmienda del PRC.
Busca "traducir" en "compromisos ejecutivos reales con plazos tasados, transparentes y fiscalizables" el anuncio realizado en el pleno anterior por el consejero de Salud, César Pascual (PP), de un aumento de coberturas en materia de salud bucodental y de plantillas en los próximos tres años, según ha indicado la diputada de Vox Natividad Pérez.
"El señor Pascual ha planteado un horizonte difuso de tres años para la ampliación de la plantilla y de coberturas, pero los vecinos de Liebana, Nansa o Cartes sufren hoy un déficit asistencial y de personal real que no se puede calmar con promesas abstractas, sin un solo compromiso presupuestario real", ha afirmado la parlamentaria.
Por su parte, desde el PRC, la diputada Paula Fernández ha defendido que "la salud bucodental es salud pública, no es un complemento estético del sistema sanitario" y, a su juicio, en este ámbito existe "mucho margen de mejora".
Así, ha advertido de la existencia de una "fuerte desigualdad territorial" con "ratios claramente insuficientes en determinadas áreas sanitarias" y también "ausencia de cobertura preventiva en algunas zonas rurales".
Además, ha señalado que hay demoras de determinados tratamientos complejos y también ha incidido en la necesidad de adaptar la cartera pública de salud bucodental a una sociedad más envejecida y con más necesidades asistenciales dadas las características demográficas de Cantabria.
Así, ha defendido la necesidad de una "planificación seria y verificable en esta materia" y de que el Gobierno "concrete sus compromisos" en este ámbito. "Estamos desbordados de anuncios en materia de salud pública que ni se concretan y, a la hora de la verdad, tampoco se ejecutan", ha afirmado Fernández.
Por su parte, el PSOE ha decidido apoyar la iniciativa al entender que "es buena para toda la ciudadanía", aunque proceda de Vox.
Y el 'popular' Miguel Ángel Vargas ha explicado que el PP no apoya la iniciativa porque lo que se propone es algo en lo que el Gobierno ya está trabajando. "Cuando ustedes van, el Gobierno de la presidenta Buruega ya vuelve de allí", ha replicado.
Vargas ha llamado a la oposición a plantear propuestas a problemas de los cántabros que no se estén abordando. "Les va a costar encontrarlo", ha aseverado.
En la iniciativa, además de dar tres meses al Ejecutivo para presentar este plan de salud bucodental, le insta a llevar a comisión parlamentaria un calendario relativo a las unidades móviles que acudirán este verano a las residencias de mayores de Cantabria a prestar asistencia en este ámbito.
También se demanda evitar la centralización y la saturación de la Unidad de Liencres mediante la dotación de plazas físicas, estables y fijas de técnicos superiores en higiene bucodental antes de finalizar la legislatura; remitir antes de seis meses el plan de choque de ortodoncia compleja y la reorganización de los circuitos de derivación entre los centros de salud de Atención Primaria y la Unidad del Hospital de Liencres, para rebajar los tiempos de demora.
Además, gracias a la aportación del PRC, se suma un sexto punto para demandar al Ejecutivo que antes de seis meses remita al Parlamento un informe sobre la situación de la salud bucodental en Cantabria.
BIENES INMATRICULADOS POR LA IGLESIA
Lo que no ha salido adelante en el Pleno ha sido una iniciativa del PSOE en la que se pedía elaborar un inventario autonómico de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en Cantabria, que complemente y amplíe el listado estatal publicado por el Gobierno de España en febrero de 2021, incorporando especialmente los bienes inscritos a partir de 1978.
La medida, que ha contado con el rechazo de los 'populares' y Vox, y el apoyo del PRC, también proponía ofrecer asistencia jurídica y técnica a los ayuntamientos que deseen iniciar procedimientos de reclamación de bienes de dominio público inmatriculados por la Iglesia Católica a través de sus servicios jurídicos y en coordinación con la Federación de Municipios de Cantabria.
El socialista Mario Iglesias ha defendido que "el patrimonio de Cantabria pertenece a todos los cántabros" por lo que ha solicitado "que estos bienes sean devueltos a la esfera pública".
Mientras que desde el PRC Pedro Hernando ha animado a los socialistas a incorporar una disposición adicional a la proposición de ley de patrimonio de Cantabria, que va a iniciar su tramitación en fechas próximas.
Por su parte, Liz (PP) ha querido "hablar de memoria" y ha hecho referencia a los bienes de patrimonio religioso de España que en el pasado el Estado "se los quitó a la Iglesia", que los había mantenido, ha cuidado y conservado.
Finalmente, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha denunciado que esta iniciativa "criminaliza" de forma "indiscriminada" las inscripciones realizadas por la Iglesia Católica y ha apuntado que "cualquier afectado puede acudir a los tribunales para ejercitar las acciones de rectificación registral o reivindicatorias que correspondan.