El Parlamento cántabro defenderá ante TC las 'pasarelas' entre dependencia y discapacidad recurridas por Sánchez
El Parlamento de Cantabria defenderá ante el Tribunal Constitucional (TC) las 'pasarelas' o equivalencias fijadas en la comunidad autónoma entre los grados de dependencia y discapacidad, contra las que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, ha promovido un recurso de inconstitucionalidad por presunta invasión de competencias estatales.
En el Pleno de este lunes, y con los votos a favor de PP, PRC y Vox y la abstención de los socialistas, se ha decidido la personación de la Cámara regional contra el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central que pretende impugnar parcialmente el artículo de la Ley autonómica de Simplificación Administrativa que establece estas equivalencias.
La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río (PP), ha considerado "incomprensible" que el Gobierno de Sánchez haya recurrido una medida que persigue el objetivo "legítimo" de "reducir esperas, simplificar trámites y evitar duplicidades, sin renunciar a garantías y a la seguridad jurídica".
Y es que esta medida "reduce la burocracia" y busca "agilizar" la tramitación de los expedientes de discapacidad a aquellas personas que ya han sido valoradas presencialmente para el reconocimiento de la dependencia.
Para ello, se introduce un mecanismo que establece "una presunción general de equivalencias" de cada grado de dependencia y lo pone en relación con la discapacidad.
En contra de la postura expresada por el Gobierno, la consejera ha asegurado que la normativa autonómica no vulnera, invade ni modifica normativa estatal.
A su juicio, Cantabria "lo que está haciendo es exactamente lo que puede hacer", que es actuar "con garantías y eficacia en su ámbito competencial de Servicios Sociales" y "mejorar el procedimiento con una presunción revisable y hacerlo sin tocar la regulación estatal".
La consejera 'popular' ha defendido que el Gobierno central "se escuda en una interesada interpretación de la normativa estatal para retrasar que las personas con discapacidad en Cantabria puedan acceder más rápido a prestaciones, a servicios y a deducciones".
Y es que, según ha asegurado, el Gobierno central "pone trabas al reconocimiento de la discapacidad" por un "claro afán recaudatorio".
Según ha señalado, Gómez del Río ha indicado que el reconocimiento de un grado de discapacidad es, no solo la "la llave" para acceder a una serie de servicios y prestaciones, sino a una serie de deducciones fiscales. "Por eso paraliza el reconocimiento de la discapacidad", ha mantenido.
Por otro lado, ha llamado la atención sobre que, mientras el Gobierno de Sánchez pretende paralizarlo en Cantabria, está tramitando una modificación legislativa con la que "pretende copiar parcialmente" lo que se hace en la comunidad, estableciendo una asimilación entre los grados de dependencia y discapacidad pero sin efectos fiscales.
DEUDA DEL ESTADO CON CANTABRIA POR LA DEPENDENCIA
Además, la consejera ha aprovechado su intervención para denunciar que el Gobierno de Sánchez no está pagando a la comunidad el 50% de los recursos de la dependencia.
"En el año 2023 solo abonó un 32%, en el 2024 un 24% y en el 2025 algo más de un 29%", ha afirmado Gómez del Río, que ha asegurado que "lo que debe" el Gobierno central a Cantabria superaría los 115 millones de euros.
POSTURA DE LOS GRUPOS
Desde el PP han defendido los argumentos de la consejera y creen que el recurso de inconstitucionalidad es un "nuevo atropello" del Gobierno central a Cantabria, con el que intenta "fustigar una vez más a una comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular que está haciendo bien las cosas".
"No soporta el señor Sánchez que haya una comunidad gobernada por el Partido Popular con normas que funcionan, que agilizan, que inciden en el bienestar de los ciudadanos. No lo soporta porque evidencia la capacidad de gestión de los gobiernos del Partido Popular frente a la inoperancia del Partido Socialista", ha aseverado el diputado popular Alejandro Liz.
A su juicio, a Sánchez "las competencias le importan un carajo" y "las únicas que le interesan son aquellas que puede utilizar como moneda de cambio para pagar y compensar a sus socios secesionistas vascos y catalanes".
Por su parte, el PRC ha avalado que el Parlamento se persone en el procedimiento, aunque, sobre el fondo, entiende que quien debe decidir si hay invasión o no de competencias del Estado es el Constitucional.
En una línea similar se ha pronunciado Vox, que cree que el Parlamento no puede renunciar a personarse en el proceso "porque ello sería en la práctica, aceptar sin contradicciones la tesis del Gobierno y eso no es responsabilidad institucional".
Por su parte, los socialistas, aunque han asegurado que comparten la "necesidad de hacer más ágil, más humano y más coherente el sistema de atención a las personas en situación de vulnerabilidad" y de que se deben "evitar duplicidades, formularios infinitos o valoraciones repetidas que desgastan", han advertido que en un Estado de Derecho "no basta con la buena intención" y "hay que actuar conforme a la ley y dentro del marco competencial que la Constitución establece".
Considera que cuando una norma autonómica intenta crear estas pasarelas automáticas que conectan directamente ambos sistemas de valoración "está afectando a un terreno que no es de su competencia".
Además, ve "llamativo" que el PP, "que no se cansa de hablar de igualdad entre territorios y de respeto a la ley, sea el primero en saltarse los principios que dice defender". "La uniformidad para unas cosas y la autonomía absoluta para otras, según les convenga políticamente", ha censurado la socialista Norak Cruz.