Las organizaciones agrarias Asaja, Ugam-Coag y UPA apoyan "firmemente" la decisión de la Consejería de Desarrollo Rural de Cantabria de rechazar el aumento de la protección del lobo, al considerar que otorgar a este animal un nivel de protección adicional al que ya tiene sería una decisión "muy perjudicial" para los intereses del medio rural y para un sector económico clave como es el ganadero.
En nota de prensa, las organizaciones recuerdan que a principios de noviembre los gobiernos autonómicos de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, enviaron una carta conjunta a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la que se indicaba que otorgar al lobo un nivel de protección adicional al que ya tiene sería una decisión "claramente contraria" a los intereses de las comunidades al norte del río Duero.
Unas comunidades, según dicen, que tienen importantes poblaciones de esta especie asentadas en su territorio y, por tanto, son los que sufren las mayores consecuencias de los ataques puntuales de los lobos en el ganado.
No obstante, y pese a esta "oposición unánime", el borrador de la Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo en España propone homogeneizar el estatus de protección de la especie a nivel nacional, incluyendo a todas las poblaciones españolas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
Por este motivo, las organizaciones profesionales agrarias de Cantabria se suman esta petición y destacan que son los propios ganaderos los que "en primera persona" están sufriendo las peores consecuencias de la expansión "descontrolada" de esta especie por todo el territorio regional.
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