La Oficina de Asistencia a las Víctimas de Delito de la Administración de Justicia ha atendido en el primer semestre del año a 161 personas, el 90 por ciento mujeres, que han recibido orientación jurídica general y asistencia psicológica, emocional y social, que incluye la derivación a los recursos sociales, lo que se traduce en cerca de 500 entrevistas de trabajo.
La consejera de Justicia, Paula Fernández, ha visitado este viernes este servicio, ubicado en el complejo judicial de Las Salesas, donde ha hecho balance de su funcionamiento tras la implantación de un nuevo modelo de atención a las víctimas de delitos y otras mejoras, que han supuesto incrementar los medios materiales y personales.
En este sentido, Fernández ha puesto en valor el trabajo "importantísimo" que lleva a cabo esta oficina, que ha sufrido un "cambio radical" en los últimos meses, triplicando el espacio e incrementando el personal con un nuevo funcionario y un turno de abogacía, de cara a mejorar el asesoramiento y la atención a las víctimas, pues el servicio de Justicia es "esencial".
Además, ha informado de que actualmente se está negociando el decreto de la oficina con los sindicatos y que ya se encuentra incluida en el sistema Vereda.
La titular de Justicia ha resaltado la atención psicológica continuada que se presta y la asistencia inmediata antes de que la víctima, incluso, comparezca ante el juez y durante el proceso penal, un servicio, por tanto, "de acompañamiento y de contención emocional", que ofrece "respaldo" a la sensación de desamparo y necesidad de ayuda que padecen las víctimas de delitos, no sólo de violencia de género, sino también de otros como el de odio, al tiempo que ha explicado que también son asistidas otras personas, como por ejemplo los niños.
"Los medios autonómicos de justicia deben acompañar a las víctimas de un delito", ha dicho la consejera, quien ha apuntado el "impacto positivo" del nuevo modelo de atención implantado desde abril en el servicio y que en octubre ha incorporado además un servicio de orientación jurídica, prestado por el Colegio de Abogados de Cantabria y la colaboración "continuada" del Colegio de Psicólogos que complementa la intervención individual llevada a cabo por la oficina.
Además de los nuevos espacios en Las Salesas, dentro del Plan de reordenación de sedes judiciales en Santander, la Oficina de Asistencia a las Víctimas ha incorporado nuevos puestos de personal, ultima una orden reguladora de su funcionamiento y próximamente se integrará el sistema de gestión procesal Vereda, utilizado en la Administración judicial de Cantabria.
Durante la visita, también han estado presentes el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), José Luis López del Moral; la fiscal superior de Cantabria, Pilar Jiménez; la directora general de Igualdad y Mujer, Consuelo Gutierrez; y el decano del Colegio de Abogados, Andrés de Diego, que se ha mostrado "muy satisfecho" por el nuevo servicio que se ha incorporado a la oficina con un abogado que diariamente presta un primer asesoramiento y que, aunque lleva poco tiempo en funcionamiento, "hay que darle la importancia, relevancia e información" para que los ciudadanos conozcan de su existencia.
PERFIL DE LAS VÍCTIMAS
Según se recoge en la última memoria de la oficina, mayoritariamente acuden a ella mujeres, víctimas de violencia en contextos de pareja, de familia y de ocio. La mayoría de las personas atendidas han nacido en España y países sudamericanos, tienen entre 25 y 45 años, más de un 50 por ciento, aunque también recibieron prestación y asistencia tres menores de edad.
La oficina presta asistencia a las víctimas remitidas por el juzgado de violencia de la mujer y otros casos derivados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el servicio 016, entre otros.
Del mismo modo, mantiene un protocolo de derivación con el Equipo multidisciplinar del Centro de Atención Integral para mujeres víctimas de violencia de género, cuando se requiere una atención más especializada o multidisciplinar.
La oficina presta asistencia a víctimas de delitos violentos con resultado de muerte, lesiones graves o daños contra la salud física o mental, así como a las de delitos contra la libertad sexual, ya sean directas o indirectas. En todo caso, la asistencia en esta oficina nunca está condicionada a la previa presentación de una denuncia.
