La Consejería de Empleo y Políticas Sociales ha dictado la cuarta resolución de concesión de ayudas a trabajadores afectadas por un Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) en la que se reconoce a 456 nuevos beneficiarios una subvención de 200 euros para paliar la reducción de ingresos en el contexto de la alerta sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19.
El importe de esta cuarta resolución, publicada hoy en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), asciende a un total de 91.200 euros, que sumados a las tres anteriores hace una cantidad global de 6,4 millones.
Esta ayuda fue acordada por el Ejecutivo autonómico y los agentes sociales en el marco del Diálogo Social dentro del Plan de Choque.En total, el Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) ya ha reconocido a 31.982 personas esta subvención, que se ingresa en la cuenta corriente donde también se ha ingresado la prestación por ERTE por parte del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal).
El EMCAN ya ha comenzado a trabajar en lo que será la próxima resolución. Una vez que el Servicio Cántabro de Empleo entienda que no hay más beneficiarios será cuando se dicte la terminación del procedimiento, que se publicará en el BOC para que quienes no hayan sido incluidas en ninguno de los listados publicados y entiendan que tiene derecho a ayuda puedan presentar el oportuno recurso.
El EMCAN recuerda que el buzón de correo electrónico que ha habilitado para recibir cualquier comunicación en relación con la tramitación de las ayudas es [email protected]. Igualmente, en el Portal de Empleo está disponible información sobre concesiones y devoluciones voluntarias: https://www.empleacantabria.es/ayuda200euros.
El PRC y el PSOE han hecho valer de nuevo su mayoría absoluta en el Pleno del Parlamento de Cantabria para tumbar la moción del PP sobre la explotación de zinc, en un debate en el que los tres grupos de la oposición han vuelto a recriminar al Gobierno de Revilla sus "promesas incumplidas" de miles de empleos y enormes beneficios económicos para la comarca del Besaya antes de las elecciones de 2019.
En la moción, que únicamente ha apoyado Ciudadanos --Vox se ha abstenido--, el PP instaba al Gobierno de Cantabria a "resolver de forma definitiva todos los expedientes administrativos que siguen pendientes" para que todas las empresas adjudicatarias del concurso licitado en mayo de 2017 puedan llevar a cabo los trabajos programados de una forma "ágil", de acuerdo a las ofertas presentadas.
También se le instaba a concursar de forma inmediata las 120 cuadrículas mineras que ya no están adjudicadas a Cantábrica del Zinc; que el Gobierno presente de forma semestral ante el Parlamento un informe detallado del contenido y avance de los trabajos de los distintos adjudicatarios y su ajuste al contenido de las ofertas presentadas, y que comparezca ante la Cámara en un plazo de 18 meses para dar cuenta del resultado de esos avances.
Tal y como anunció la semana pasada el consejero de Industria, Francisco Martín, el PRC y el PSOE han defendido que no sería prudente licitar de nuevo el permiso de investigación de zinc de 120 cuadrículas mineras en los municipios de Reocín, Cartes, Suances, Santillana del Mar, Mazcuerras y Torrelavega, denominado permiso Salia, hasta que no se resuelvan los recursos judiciales pendientes.
El diputado del PP Roberto Media les ha replicado que el consejero dijo en febrero, cuando anunció la rescisión del permiso Salia a Cantábrica del Zinc por incumplimiento de las condiciones de la concesión (inversión, número de pozos y plazos) que las licitarían de forma "inmediata", y se ha preguntado que hay detrás de este cambio de decisión.
Sobre el resto de las adjudicatarias, ha asegurado que "algunas de ellas no es que no avancen, sino que no han empezado" porque los expedientes "llevan más de un año en la maraña administrativa", afirmación que han negado los grupos que sustentan al Gobierno.
Por el PRC, el alcalde de Reocín y presidente de la Federación de Municipios, Pablo Diestro, ha defendido la "valentía" del Gobierno para intentar hacer realidad el proyecto de la nueva mina de zinc, y ha destacado que "si fue un engaño, fuimos muchos los cómplices: la Escuela de Minas, los ayuntamientos, los sindicatos,...".
Ha añadido que "a toro pasado es muy fácil" criticar y ha defendido que el proyecto sigue su curso, y que la empresa Slipstream sigue trabajando en su permiso de investigación de 140 cuadrículas, con vigencia hata el 30 de enero de 2022 y con inversiones acordes a las previstas en el proyecto inicial.
Por el PSOE, el diputado Javier García Oliva ha pedido tratar este asunto con "prudencia y cautela" hasta que concluya la fase de investigación y se "despejen las dudas que van a condicionar la rentabilidad del proyecto", en primera lugar la densidad del mineral que hay en el subsuelo, junto con el precio del variable mercado internacional del zinc.
SECTOR AGRARIO
Tampoco ha salido adelante una proposición no de ley (PNL) de los 'populares' para instar al Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) a hacer efectivo el pago a los beneficiarios de las ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes y a la modernización de las explotaciones agrarias de la convocatoria de 2018 antes de que finalice este año, entre otros puntos.
Además, en la PNL se llamaba al Ejecutivo a resolver inmediatamente las ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes y a la modernización de las explotaciones agrarias de la convocatoria de 2019 una petición que, según han asegurado, tanto PRC, como PSOE y Cs ya está resuelta.
Reclamaba también el PP que se resuelva y envíe al beneficiario en un plazo máximo de tres meses desde finalización del plazo de las solicitudes la resolución de la convocatoria de las ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes y a la modernización de las explotaciones agrarias que se resuelvan.
Los 'populares' también pedían que desde que la Administración certifique la inversión hasta que se haga efectivo el pago de la ayuda a la primera instalación de agricultores jóvenes y a la modernización de las explotaciones agrarias al beneficiario no transcurran más de tres meses.
En este caso, la iniciativa solo ha contado con el respaldo de Vox, mientras que ha contado de nuevo con el voto en contra de PRC y PSOE. Además, Cs se ha abstenido al no aceptarse la enmienda que había presentado.
Regionalistas y socialistas han basado su voto en contra en que algunos de los plazos que plantea el PP son "imposibles" de cumplir.
En este sentido, el diputado regionalista y alcalde de Reinosa, José Miguel Barrio, ha advertido que los "errores" en el pago de ayudas procedentes de fondos europeos conllevan "penalizaciones para toda la comunidad autónoma" con lo que hay que ser "escrupulosamente escrupulosos".
Pese a su voto en contra, desde el PSOE se ha reconocido que los plazos son "bastante dilatados" y es uno de los "problemas estructurales" que afecta al campo, aunque no solo en Cantabria.
