La Comisión de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Parlamento ha aprobado once enmiendas --tres de ellas a través de dos transaccionales-- de las 58 presentadas al proyecto de Ley de Cantabria de Regulación y Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, que finalmente entrará en vigor a los seis meses desde su aprobación y publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y no al año como planteaba el Gobierno.
El PP había presentado una enmienda en la que pedía que entrara en vigor al día siguiente de publicarse en el BOC pero se ha llegado a acuerdo con PRC y PSOE --grupos que sustentan con mayoría al Ejecutivo en la Cámara-- para una transaccional que fijaba el periodo en 6 meses, que ha sido aprobada por unanimidad de todos los integrantes de la Comisión.
"Ni el año previsto por el Gobierno, que estamos de acuerdo que se dilataba en exceso, pero tampoco al día siguiente, porque esos seis meses no es por cualquier cuestión, sino porque tenemos quedar tiempo también a los ayuntamientos a que realicen la adaptación de sus RPT a todas las necesidades que le implica la aprobación de esta ley", ha afirmado la regionalista Rosa Díaz.
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También PRC, PSOE y PP han pactado una transaccional sobre modificaciones a realizar en el artículo 9 de la Ley sobre las facultades del personal del Servicio y han llegado a un acuerdo sobre la redacción que debe de tener.
De esta forma, el texto del artículo quedará casi íntegramente como proponían PRC y PSOE en la enmienda que presentaron de forma conjunta pero añadiendo la redacción del último punto que planteaba el PP.
De esta forma se introducen variaciones respecto a la redacción inicial que planteaba el Gobierno regional, suprimiéndose la referencia que se hacía al empleo de la fuerza física por parte del personal funcionario de los servicios para acceder al interior de inmuebles o mover, desplazar o acceder al interior de vehículos que se mencionaba en el proyecto de ley remitido por el Ejecutivo.
Además, se apunta que en el acceso a los inmuebles debe concurrir una "necesidad objetiva", no "apreciable", como se indicaba en el proyecto de ley del Gobierno.
También se incluye entre las facultades de los integrantes del Servicio la de "adoptar otras medidas de seguridad extraordinarias y provisionales en los términos previstos en la normativa por la que se regula el Sistema de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Cantabria, tales como el cierre o desalojo de locales o establecimientos públicos, la evacuación de inmuebles y propiedades cuando las circunstancias concurrentes lo aconsejen", tal y como indica la redacción propuesta por el PP.
La transaccional sobre este artículo ha sido aprobada por todos los integrantes de la Comisión salvo por el diputado de Vox Armando Blanco, ya que considera que en el texto se introduce "un concepto de necesidad objetiva, eliminando la situación de urgencia que se basa en la subjetividad de la gente que toma la decisión y que considera más correcta".
En cuanto a las otras ocho enmiendas aprobadas en Comisión, siete de ellas por unanimidad, cinco fueron presentadas por el PP y tres por Vox.
Cs ha sido el único grupo que no ha presentado enmiendas a este proyecto de ley, algo que la diputada 'naranja' Marta García ha achacado a que el texto ya venía "consensuado con el sector".
Varios grupos han resaltado la necesidad de esta ley que, según han señalado, es "muy demandada" por el sector.
La ley tiene 48 artículos, divididos en un título preliminar y 8 títulos, 4 disposiciones adicionales, 2 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y 2 disposiciones finales.
COMPARECENCIAS DEL DIRECTOR GENERAL DE JUSTICIA Y DE SINDICATOS
Además, en la Comisión, celebrada ayer, martes, se ha aprobado la comparecencia del director general de Justicia, Pablo Ortiz, ante la Comisión de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, a fin de informar sobre los cambios de personal producidos en el seno de la oficina de violencia, solicitada por el PP, y que se celebrará el 18 de mayo.
También está previsto que el 11 de mayo comparezcan los representantes de cada una de las formaciones que tienen representación en el comité de empresa del Gobierno ante la comisión correspondiente para, según pide el PP, explicar la "situación crítica" de las relaciones entre los miembros del Gobierno y las organizaciones sindicales en relación con la información legal debida y las decisiones que se adoptan".
