Juzgan a nueve comerciales de una empresa de seguridad privada acusados de cobrar incentivos indebidos
La Audiencia Provincial juzgará este martes 14 y el miércoles a nueve comerciales de una empresa de seguridad privada acusados de cobrar incentivos indebidos.
Según la acusación particular, que ejerce la empresa, el sistema de retribución que a modo de incentivo se aplicaba para el personal comercial era progresivo, de modo que a mayor número de contratos vendidos más comisionaban.
Así las cosas, tres de los acusados -el gerente comercial de la zona norte, el jefe de ventas de Santander, Castro Urdiales y Vitoria, y el jefe de equipo de Castro Urdiales-, que eran los únicos que podían autorizar modificaciones en el sistema informático, manipularon y falsearon ficheros, según les acusa la empresa.
Con esas modificaciones en los archivos asignaron a determinados comerciales, también acusados, operaciones de ventas que no habían celebrado ellos sino otros comerciales, con el fin de que tuvieran mayor actividad y mayores incentivos.
Según sostiene la empresa, todos los acusados cobraron y se repartieron 32.000 euros en comisiones no generadas e infladas a consecuencia del ilícito aprovechamiento del sistema de retribución progresivo. Además, los tres responsables también cobraron 4.000 euros en incentivos por productividad no real.
Por ello, considera a todos ellos autores de un delito continuado de estafa y, además, a los tres que ostentaban cargos de responsabilidad también les atribuye un delito continuado de administración desleal y otro continuado de falsedad en documento privado.
Las penas solicitadas para estos tres suman 14 años de prisión y 108.000 euros de multa, mientras que para cada uno de los comerciales pide tres años de cárcel.
En concepto de responsabilidad civil, reclama que todos ellos indemnicen de manera conjunta y solidaria a la empresa en 36.000 euros.
La fiscalía, por su parte, solo acusa al gerente de la zona norte, quien, a su juicio, propuso a varios comerciales de la empresa poner a su nombre contratos que no habían realizado ellos sino otros comerciales (habitualmente empleados que no habían pasado el periodo de prueba) y repartirse la comisión.
Entiende el ministerio público que el acusado manipuló en varias ocasiones datos del sistema informático para facilitar comisiones indebidas a un empleado, solicitando a este que luego se la entregara.
Por ello, le acusa de un delito de estafa merecedor de dos años de prisión y el pago de una indemnización a la empresa de 1.200 euros.
El juicio comenzará el martes a las 9.30 horas en la Sección Primera der la Audiencia.