La Junta Docente vuelve a solicitar una negociación sobre ratios y advierte de movilizaciones en septiembre
Miembros de la Junta de Personal Docente (STEC, ANPE, CCOO y UGT) han registrado, por vía electrónica, una nueva solicitud para continuar la negociación con la Consejería de Educación sobre la bajada de ratios, la reducción de la burocracia y la regulación de las extraescolares, y han advertido de movilizaciones en septiembre, durante el inicio del curso 2026-2027, que "podría verse seriamente complicado" si el Gobierno trata de "dilatar intencionadamente los procesos de negociación".
Esta solicitud de reunión, registrada el 12 de mayo, sucede a la petición "formal" entregada el pasado 28 de abril por la Junta, que sigue sin recibir respuesta, ha asegurado la presidenta del colectivo, Rus Trueba, en una rueda de prensa celebrada este viernes, en la que ha avanzado que valoran "cualquier medida de protesta", incluidas concentraciones, manifestaciones y huelgas.
El objetivo de las reclamaciones es abordar mejoras "estructurales" para la enseñanza pública de Cantabria, recogidas en el cronograma acordado con la Consejería en la mesa sectorial celebrada en diciembre de 2023. La última reunión para abordar estas tres principales reivindicaciones tuvo lugar en diciembre de 2024.
Desde entonces, la negociación se centró en la adecuación salarial docente, cuyo acuerdo fue firmado en marzo de 2026 y ya está vigente tras la entrada en vigor de los Presupuestos Generales de Cantabria desde el pasado 1 de mayo.
MEDIDAS
En concreto, piden reducir el número máximo de alumnos por clase en todas las etapas; favorecer una atención más individualizada e inclusiva; mejorar la convivencia en las aulas; incrementar las plantillas; priorizar la bajada de ratios en centros con más complejidad educativa y necesidades específicas; aprovechar el descenso demográfico para consolidar grupos más reducidos en lugar de eliminar unidades educativas; y garantizar una reducción estructural y no temporal.
También, reclaman eliminar trámites "redundantes o innecesarios"; simplificar la documentación y las plataformas digitales; reducir las tareas administrativas del profesorado; recuperar tiempo para tareas educativas y pedagógicas; incorporar más personal administrativo y de apoyo; evitar implantar nueva burocracia sin recursos ni tiempo específico; garantizar que los procesos de evaluación o seguimiento tengan "utilidad pedagógica"; y mejorar las condiciones laborales del profesorado.
Y sobre las extraescolares, exigen reconocer el esfuerzo y la responsabilidad asumida por el profesorado; dietas de manutención y reducción horaria por el trabajo realizado fuera de la jornada laboral; compensación laboral y conciliación para los docentes participantes; más protección institucional y respaldo ante situaciones conflictivas o campañas de desprestigio; y poner en valor de estas actividades como parte esencial de la formación integral del alumnado.
INSUFICIENTE
Por otro lado, Trueba considera "claramente insuficiente" el reciente anuncio de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, sobre la reducción de ratios en 4º de Primaria, porque "no alcanza al conjunto de niveles educativos y no está avalada por ningún acuerdo ni por ninguna norma que garantice su cumplimiento efectivo".
Cree que la decisión queda sujeta a la "arbitrariedad" de las decisiones de la Administración, "al no fijarse ningún criterio objetivo que asegure su aplicación en todos los grupos".
Y ha asegurado que parece "más un mero anuncio propagandístico que una voluntad real de solucionar problemas", y han exigido la firma de un acuerdo con los representantes legítimos de los docentes para "blindar" el cumplimiento de estas medidas porque piensan que cualquier otra forma de gobernar y planificar "son fuegos de artificio".
Por último, ha afirmado que la Junta apuesta por el diálogo y por mantener "un clima adecuado" de negociación. Pero ha dejado claro que si persiste "la falta de respuesta y de voluntad negociadora" por parte de la Administración, se reserva la posibilidad de emprender "todas las acciones que considere oportunas" en defensa de la educación pública y de las condiciones laborales del profesorado.