La repetición del juicio por los vertidos contaminantes de Sniace al Saja-Besaya entre 2008 y 2010 continuará este lunes, 20 de abril, a partir de las 9.00 horas con el interrogatorio a los ocho acusados: el que fuera jefe de operaciones de la fábrica y ocho miembros del entonces Consejo de Administración, incluido el presidente de la compañía, Blas Mezquita.
Todos menos este último, por motivos médicos, comparecieron en el arranque de la nueva vista oral, después de que la Audiencia de Cantabria anulara parcialmente la anterior y también la sentencia que condenó a cada uno de los procesados a tres meses y medio de cárcel.
Tras retomarse el plenario, ante la titular de la Plaza número 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Santander -y que como el celebrado en su día por el juez de lo Penal 2 de la ciudad está teniendo lugar en el salón de actos de Las Salesas-, la magistrada accedió a que los enjuiciados se ausentasen las primeras jornadas, en las que se desarrollaron las pruebas testifical y pericial, pero deberán estar presentes este lunes y también el miércoles, día 22, jornada de conclusiones, informes y derecho a la última palabra
La nueva fiscal del caso pide seis meses de cárcel para cada uno de ellos por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, al haberse eliminado la continuidad del delictiva y rebajarse la solicitud respecto a los 16 meses que pedía la anterior representante del ministerio público por los residuos al río sin autorización.
También están personados en la causa Ecologistas en Acción, que pide lo mismo que la acusación pública, y la Abogacía del Estado, que reclama dos años y medio de prisión y cerca de 50 millones de indemnización a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) por el perjuicio causado. En este procedimiento, Sniace es responsable civil subsidiaria.
Se trata, además del expresidente de Sniace, de otros seis antiguos consejeros de la empresa: Jesús Manuel Zaballa, Manuel Huerta, Antonio Temes, Víctor Guzmán, Julio A. García y Juan Yago, y el entonces jefe de operaciones de la fábrica, José Francisco González, condenado este último como autor penalmente responsable de un delito contra el medio ambiente en tanto que los anteriores lo cometieron por omisión.
El primer juicio se celebró en febrero de 2021, un año después del cierre de Sniace, y en verano de 2024 la Audiencia Provincial de Cantabria lo anuló en parte y también el fallo, que aplicaba la atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada. Ordenó retrotraer las actuaciones al órgano juzgador para completar la prueba con la testifical de Francisco Martín, consejero de Medio Ambiente del Gobierno regional en el momento de los hechos, y Miguel Gómez de Liaño, que también fue consejero y secretario de la empresa. Declararon el pasado lunes. También pidió justificar la acusación contra el exjefe de operaciones.
VERTIDOS SIN AUTORIZACIÓN
Según la Fiscalía, Sniace carecía de autorización para verter las aguas derivadas de su proceso industrial al río, ya que en 2006 la entonces Confederación Hidrográfica del Norte le revocó la que tenía desde 2002 por "el carácter abusivo de los vertidos que venía realizando".
Por otro lado, la empresa obtuvo en 2008 Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la Consejería de Medio Ambiente para verter las aguas procedentes del proceso fabril a la ría de San Martín a través de un colector de industriales y solo las de refrigeración y pluviales o de escorrentía al Saja-Besaya.
Pero tal y como mantiene el ministerio público, el colector de industriales no estuvo en funcionamiento y la empresa, "a sabiendas de que carecía autorización administrativa para realizar vertidos de las aguas derivadas del proceso industrial en el río Saja-Besaya, de manera continua y reiterada realizó vertidos de dichas aguas, alterándose por ello la calidad de las mismas, no respetándose los parámetros acordados en la AAI".
En consecuencia, "se vio gravemente afectada la calidad de las aguas del río Besaya", según se desprende de las analíticas realizadas, entre otros, por el Instituto Nacional de Toxicología, y que una perito ratificó el pasado jueves.
