Izquierda Unida (IU) ha presentado al Gobierno autonómico sus aportaciones al borrador de Decreto para la creación del Consejo Asesor de Cambio Climático, Economía Circular y Bioeconomía de Cantabria, durante el trámite de consulta pública en las que consideran que éste debe contar con una mayoría de representantes del ámbito científico y técnico, "frente al poder político".
"Hablamos de un órgano de carácter consultivo que, para poder ser realmente útil, tiene que trabajar con independencia de presiones o equilibrios partidistas", ha sostenido el portavoz autonómico de IU, Israel Ruiz Salmón.
En un comunicado, Ruiz Salmón ha lamentado que "Cantabria va tarde" a situar la economía verde y circular como eje transversal de las políticas públicas, dado que, "pese a los grandes anuncios a principios de legislatura", año y medio después no se está tramitando "ni una ley de cambio climático ni la estrategia de economía circular y bioeconomía; está todo por hacer", incluido el consejo consultivo, ha apuntado.
En la propuesta de la izquierda cántabra se recoge que el futuro consejo tenga 25 miembros, pertenecientes a cuatro grupos: seis personas en representación de la Universidad de Cantabria y sus institutos, así como de otros centros de investigación sin vinculación a órganos de gobierno; seis elegidas entre las principales organizaciones conservacionistas, ambientalistas, ecologistas y de protección animal; seis provenientes de los principales agentes económicos y sociales de la Comunidad, incluyendo a consumidores y usuarios; y seis a propuesta del Gobierno de Cantabria y sus institutos y centros de investigación asociados, así como de los ayuntamientos.
IU plantea que la renovación del Consejo se realice cada tres años "para marcar su independencia de los ciclos políticos y el gobierno de turno" y que el organismo sea consultado en cada anteproyecto de ley o proyecto de decreto relacionado con la materia.
Entre las competencias del organismo, IU considera que debe tener la potestad de emitir informes o propuestas sobre asuntos de la materia, a iniciativa propia, a petición del Consejo de Gobierno o del Parlamento de Cantabria, además de servir de cauce de participación y diálogo permanente de los interlocutores de los distintos sectores involucrados.
Su dotación económica estará recogida en los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) y los miembros no tendrán derecho a retribución, a excepción de las indemnizaciones por asistencias, dietas de desplazamiento y gastos de locomoción.
En sus alegaciones, IU describe 21 objetivos funcionales del Consejo Asesor, como impulsar la lucha contra el cambio climático y la mitigación de las emisiones de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), la necesidad de crear una cultura de ahorro energético, incrementando la producción, la calidad y el consumo de energías renovables, la gestión sostenible de los recursos hídricos o realizar una seria apuesta por el "residuo cero".
También y entre otros, alentar el equilibrio del espacio geográfico rural-urbano de Cantabria, para garantizar el bienestar social de sus habitantes, la regeneración urbana y la rehabilitación del parque inmobiliario, gestionar la movilidad de manera segura, eficiente, sostenible y sin emisiones y desarrollar el mercado de trabajo cántabro en torno a una estrategia autonómica de formación y educación para el empleo verde buscando nuevos yacimientos de empleo.
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