lunes 23/5/22

Los cinco Grupos de Acción Local (GAL) de Cantabria creen que el nuevo decreto del Gobierno regional que regula los senderos de uso deportivo en la comunidad autónoma genera inseguridad jurídica, por lo que desde hace dos semanas están trabajando "en la búsqueda de alternativas" a la normativa.

Además, en un comunicado, la Junta Directiva de la Red Cántabra de Desarrollo Rural, presidida por Leoncio Carrascal, ha criticado que esta nueva norma "no ha contado en su concepción con la participación del medio rural y población", territorio sobre el que recae el peso de esta nueva regulación.

"Para la redacción de esta norma no se ha tenido en cuenta a ningún actor territorial ni sectorial, ni a nivel administrativo ni técnico, ni siquiera a los ayuntamientos ni juntas vecinales, que son quienes tienen la competencia", ha afirmado.

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Por su parte, los responsables de los cinco GAL han señalado que este nuevo decreto genera "inseguridad jurídica" debido que es "poco claro" en la delimitación del destino principal de los caminos.

En este sentido, han explicado que la norma indica el desarrollo de actividades lúdico-deportivas, "un concepto jurídico indeterminado que no queda bien definido en el texto legal".

Sendas y caminos son un recurso fundamental para el medio rural desde perspectivas tan diferentes como el uso laboral, el transporte o el turismo. Muchos de ellos existen desde hace mucho tiempo y no tienen como destino el lúdico deportivo. "¿Quién determina cuál es su uso principal?", se ha preguntado Carrascal.

En este sentido, las líneas de trabajo que se están abordando van encaminadas a analizar la normalización de la señalización, que en otras comunidades ya se ha regulado.

También se trabaja en la base cartográfica y topoguía que, tal y como está redactado en el decreto, a su juicio, "limita la autonomía no solo local sino la actividad privada de cualquier persona pública, privada o guía que se pretenda elaborar". El decreto marca que deben realizarse conforme a unos criterios que "ni siquiera se establecen", ha señalado.

Respecto a la 'Red cántabra de senderos de uso público', ésta no se limita a crear una red de senderos deportivos o de uso turístico, sino que "pretende regular cualquier tipo de uso público, un hecho que limita la dinamización socieconómica basada en el uso de los caminos, como recurso turístico y de destino".

La Red Cántabra de Desarrollo Rural y los Grupos de Acción Local consideran que este decreto es necesario en cuanto a la "homogeneización" de la red de senderos de Cantabria, pero con la nueva normativa, la autorización del sendero queda supeditada a su homologación por parte de la Federación de Montaña.

Para los GAL, esta circunstancia supone a efectos prácticos "que quede en sus manos el establecimiento de toda la red de sendas autonómicas vulnerando la autonomía local e incrementando notablemente la burocracia".

"Cualquier normativa que afecte al medio rural debe escuchar las necesidades de todas las partes interesadas y debe ser fruto de un análisis serio y riguroso", ha subrayado el presidente de la Red, que propone la puesta en marcha de una comisión técnica "participada y con protagonismo territorial que trabaje esta cuestión y que atienda y tenga en cuenta a todos los agentes implicados en su desarrollo".

Según la red, los ayuntamientos y mancomunidades son "los primeros interesados" en conservar, mejorar y regular sus sendas "de forma atractiva". "Se trata de un recurso de alto valor y los Grupos de Acción Local, conocedores de este potencial, promueven, subvencionan y coordinan actuaciones encaminadas a la mejora, acondicionamiento y señalización de dichos recorridos", concluye.

Los grupos de acción local creen que el nuevo decreto de senderos genera inseguridad...
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