El Gobierno no recurrirá la sentencia que anula el PGOU de Argoños
El Gobierno de Cantabria no recurrirá ante el Tribunal Supremo (TS) la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) por la que se anula el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Argoños y que conlleva el derribo de 134 viviendas que estaban pendientes de legalizar.
Así lo ha avanzado este lunes el consejero de Fomento, Roberto Media, en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, un día antes de la reunión que el Ejecutivo mantendrá con la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), donde les informará de esta decisión y en la que se espera elaborar un nuevo calendario de actuaciones tras dicho fallo.
Media ha afirmado que el Gobierno activará los convenios firmados con los afectados por los derribos, por lo que podrán elegir entre una vivienda de sustitución o una indemnización. Además, ha señalado que se van a adquirir terrenos en el municipio para construir los inmuebles.
El TSJC anuló el pasado mes de julio el PGOU de Argoños al considerar que ha quedado sin justificación tras la anulación judicial del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, del que dependía.
De este modo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó el recurso presentado contra el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) de septiembre de 2022.
El tribunal argumentó que la invalidez del PORN decretada en una sentencia firme anterior afecta de manera directa a la ordenación urbanística municipal.
Al respecto, los magistrados señalaron que el nuevo modelo territorial del municipio se sustentaba sobre las determinaciones del plan ambiental anulado, por lo que la desaparición de este último deja al planeamiento urbanístico sin la motivación y justificación exigidas por la ley.
Tras conocerse la sentencia, el titular de Fomento indicó a la prensa que la Dirección General del Servicio Jurídico del Ejecutivo estaba decidiendo si recurrir al Supremo, aunque finalmente ha anunciado que no lo hará, por lo que se activarán los convenios para que los afectados elijan entre una vivienda de sustitución o una indemnización, tal y como se hizo con los propietarios de las urbanizaciones La Llana I y II.
Por último, Media ha reiterado el compromiso del Gobierno y el de la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, en dar una solución a los afectados en esta legislatura.