El Gobierno se plantea modificar el convenio de bomberos para realizar más quemas controladas
El Gobierno de Cantabria trabaja en la posible modificación del convenio colectivo de los bomberos forestales para realizar quemas controladas en los montes de utilidad pública "con mayores garantías" por parte de estos operarios.
Una petición que han trasladado "de manera reiterada" los ayuntamientos y las juntas vecinales propietarias de esos montes, según ha indicado este lunes en el Pleno del Parlamento la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos.
Ha indicado que "se están realizando y se están autorizando" quemas controladas, y de hecho en 2025 se autorizaron 125, "pero lo cierto es que los ayuntamientos y las juntas vecinales nos piden más colaboración y desde el Gobierno estamos trabajando para aportar más seguridad jurídica en este sentido".
Así se ha pronunciado en una interpelación de Vox sobre la política forestal, en la que ha destacado que los Presupuestos Generales de Cantabria para 2026, próximos a aprobarse, recogen una partida de 1,5 millones de euros para entidades locales propietarias de montes para acometer repoblaciones frente a incendios forestales.
Además ha avanzado que, dentro de la Ley de Simplificación Administrativa, se va a elaborar un procedimiento reducido y simplificado para poder agilizar la ejecución de los proyectos que se acometen con el Fondo de Mejoras --una cuenta en la que se ingresa el 15% de todos los rendimientos que genera un monte para reinvertirlo en actuaciones de conservación y mejora del mismo--.
El objetivo es reducir la burocracia "excesiva" que hay en la actualidad. "Va todo muy lento", ha reconocido la consejera, que ha detallado que el Consejo Regional de Montes aprobó en 2025 un total de 43 planes de mejora, por un importe de 4,9 millones.
Susinos ha asegurado que, tras "demasiado tiempo en el que faltó una política forestal clara, este Gobierno (PP) sí que tiene clara esa hoja de ruta" para poner en valor un patrimonio que "no se ha aprovechado como merece".
En este sentido, ha recalcado que "apenas el 16% de la madera que se transforma en los aserraderos cántabros procede de masas forestales regionales, mientras el propio sector nos está demandando un mayor volumen de madera". Un sector que "lleva años dejado de la mano de Dios, con consecuencias nefastas para la economía regional", ha apostillado.
Así, ha citado tres "compromisos" de su Gobierno: fomento decidido del sector forestal -con el que se reúne todos los meses- mediante ayudas a empresas y pequeños propietarios, junto a un programa "ambicioso" de incentivos fiscales; refuerzo del apoyo técnico y administrativo a las juntas propietarias de montes públicos para ayudarles a tramitar los recursos; y apuesta por nuevas vías de rentabilidad vinculadas a los servicios ambientales del monte, especialmente a través de la absorción de carbono.
La consejera ha recalcado que el terreno forestal ocupa cerca del 70% de la región, con más de 369.000 hectáreas, y ha reivindicado que "conservación y aprovechamiento forestal no son objetivos enfrentados, sino todo lo contrario, son complementarios". "Aprovechar bien el monte es también una forma de conservarlo".
La portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha interpelado a Susinos por la política forestal ya que considera que el Gobierno sigue aplicando "un modelo de tutela administrativa que parece heredado del siglo XIX, tratando a las juntas vecinales, concejos y municipios como menores de edad incapaces de administrar sus montes, mientras la administración autonómica actúa como un embudo que muchas veces paraliza decisiones y retiene recursos".
A su juicio, "sigue teniendo una visión muy paternalista" y hace que un presidente de junta vecinal deba esperar a que la Comisión Regional de Montes decida si pueda actuar en el terreno "con su propio dinero". Esto, para Díaz, "desincentiva la gestión y abandona el monte muchas veces a matorral, con el consiguiente riesgo de incendio".