El Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) introducirá una nueva deducción en el IRPF que beneficiará a unos 127.000 contribuyentes con rentas inferiores a los 30.000 euros y les ahorrará unos 16,5 millones de euros.
Esta deducción será de 100 euros para quienes tributen de forma individual y tengan rentas de menos de 30.000 euros o de 200 para quienes hagan la declaración conjunta y no superen los 40.000 euros.
Esta medida se trata de la principal novedad de la propuesta fiscal que el Gobierno de Cantabria pretende introducir en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompañará a los Presupuestos de la comunidad autónoma para 2023 y que ha sido presentada este viernes, en rueda de prensa, por la consejera de Economía y Hacienda, Ana Belén Álvarez (PSOE).
La consejera ha aclarado que esta medida es "extraordinaria" y va dirigida a ayudar a las familias con estas rentas bajas o medias a atravesar la coyuntura económica actual. Así tendrá efecto retroactivo a 1 de enero de 2022, y se aplicará ya en la próxima declaración de la renta.
A su juicio, es una propuesta fiscal "justa, progresiva y alineada" con lo que el Gobierno ha venido defendiendo desde el inicio de la guerra en Ucrania, esto es que las medidas de apoyo "han de estar dirigidas a las personas trabajadoras, familias y empresas que más se están viendo afectadas por las consecuencias económicas del conflicto bélico".
En este sentido, ha subrayado que el objetivo es "ayudar a las personas que tienen más dificultades para afrontar el incremento de los precios". "Aquellas rentas que cobran 50.000 o 60.000 euros, evidentemente también se ven afectadas por la subida de precios, peroentendemos que no precisan de la ayuda pública para mantener un nivel de bienestar aceptable y sobrellevar esta coyuntura que esperemos se normalice pronto", ha apostillado.
"LA MEJOR" OPCIÓN DE LAS ESTUDIADAS
Álvarez ha explicado que, antes de optar por esta bonificación, el Gobierno de Cantabria ha analizado también otras posibilidades, como la deflactación de la tarifa autonómica del IRPF en un 10% o, como otra alternativa, el impacto de deflactar los primeros tramos de la tarifa autonómica del IRPF -hasta 35.000 euros- en un 4,1% y, al mismo tiempo, bajar en medio punto el tipo impositivo del primer tramo, pasando del 9,5% actual al 9%.
La consejera ha señalado que, estudiadas esas tres alternativas, finalmente se ha considerado que la deducción anunciada es "la mejor" opción.
Y para justificarlo, ha presentado un cuadro comparativo del ahorro fiscal por tramos de renta de cada una de las tres posibilidades estudiadas y su impacto presupuestario.
Así, el Gobierno ha defendido que la deflactación es "indiscriminada" puesto que se benefician todos los contribuyentes independientemente de la renta y "regresiva" ya que beneficiaría cuatro veces más a las rentas de 60.000 euros que a las de 21.000, lo que para la consejera constituye una "barbaridad". Además, ha indicado que tendría un impacto presupuestario de 25 millones.
En cambio, según ha defendido, la deducción por la que se ha optado tendría un beneficio "exclusivo" para las rentas inferiores de 30.000 euros y tiene un menor impacto presupuestario de 16,5 millones.
"Para rentas medias y bajas, el ahorro será cuatro veces superior al que podría ofrecer la deflactación", ha afirmado la consejera.
INCREMENTO DE DEDUCCIONES YA VIGENTES
Además de esta deducción, el Ejecutivo ha decidido incrementar deducciones ya vigentes en un 50%, como las establecidas por acogimiento de menores, gasto de guarderías, cuidados familiares, nacimiento o adopción de hijos o por familias monoparentales.
Álvarez ha explicado que estas deducciones tienen actualmente un impacto aproximado de 1,8 millones y benefician a un total de 15.323 contribuyentes. Con el incremento propuesto, el impacto seelevará hasta los 2,7 millones de euros.
También prorrogará el Gobierno regional hasta finales del año que viene la bonificación de 49 tasas y tarifas de las que se benefician empresas del transporte por carretera, servicios agronómicos, industria agrícola forestal y pecuaria; el sector pesquero; la construcción y actividades industriales. Se aplicará n los mismos términos: una bonificación del 100% en 47 tasas y del 50% en los dos restantes.
Mantendrá la bonificación del 100% en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para los Grupos I y II, de la que se benefician descendientes, cónyuges, ascendientes y adoptantes, y propone congelar el Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados.
Lo que el Ejecutivo no hará será eliminar el impuesto a las grandes fortunas ya que, según ha subrayado la consejera, supondría beneficiar al 0,5% de los contribuyentes (aquellos con un patrimonio neto superior a 1 millón de euros) y perjudicar al 99,5% restante, además de una merma de más de 16 millones de euros para las arcas públicas.
