Archivada la investigación de la Fiscalía sobre el convenio sanitario entre el SCS y Santa Clotilde
La Fiscalía de Cantabria ha archivado la investigación en torno al convenio singular entre el Servicio Cántabro de Salud (SCS) y el Hospital Santa Clotilde, abierta a raíz de una denuncia de Podemos que alertaba de posibles irregularidades en la tramitación, aprobación y posterior modificación del mismo.
El objetivo de las diligencias iniciadas por el ministerio público era esclarecer los hechos denunciados en abril por el partido morado respecto a ese acuerdo, que entró en vigor el pasado 1 de enero, con un compromiso económico estimado de entre 254 y 320 millones de euros y una duración de 16 a 20 años.
Pero tras las actuaciones practicadas estos meses, la fiscal del caso ha archivado la denuncia, aunque Podemos puede acudir no obstante al tribunal que corresponda.
La representante de la Fiscalía ha acordado dar carpetazo a las actuaciones en base a una serie de consideraciones fácticas y jurídicas, y a la vista de los informes solicitados a diferentes organismos, según consta en el decreto que ha dictado, consultado por Europa Press.
Así, en base a los documentos aportados, por el SCS o la Consejería de Salud, la Fiscalía entiende que "no se cumplen con los requisitos de tipo penal alguno", sino que se trata de "discrepancias sobre cuestiones de carácter administrativo", y apunta al respecto que cualquier acto de esta naturaleza puede ser impugnado en la vía contencioso-administrativa.
Con todo ello, el ministerio público acuerda el archivo de las diligencias incoadas, sin perjuicio de que puedan volver a abrirse si surgiesen nuevos indicios. Y en caso de discrepancia, Podemos puede reiterarla ante el juzgado de instrucción que corresponda.
DUDAS.
Al presentar su denuncia, Podemos trasladó a la Fiscalía sus "dudas" sobre la tramitación del convenio, la "falta de transparencia" en el acceso al expediente, la "modificación posterior del compromiso económico" y el uso de una figura "excepcional" para articular un acuerdo de larga duración con una entidad privada.
Quería así que el convenio fuera analizado "en profundidad" y, también, que el Gobierno regional (PP) aportara la documentación y diera las explicaciones que correspondieran, pues el acuerdo "compromete cientos de millones de euros de fondos públicos durante los próximos años".
El partido también pretendía que se aclarase si se cumplieron los requisitos legales, si había "justificación suficiente" para recurrir a esa fórmula y si se valoró previamente el refuerzo de los recursos propios del sistema sanitario público.