El fiscal y el Partido Popular han mantenido las penas solicitadas a los dos exaltos cargos del Servicio Cántabro de Salud (SCS) acusados de prevaricación administrativa, por presuntas irregularidades en contratos de obras y servicios la pasada legislatura, al entender "evidente" que hubo fraccionamiento "indebido".
Así, los entonces subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras del SCS, Francisco Javier González, y el director de la Gerencia de Atención Primaria (GAP), Alejandro Rojo, siguen enfrentándose a catorce y once años de inhabilitación que respectivamente pide para ellos el representante del ministerio público por el citado delito -continuado y no-, pero únicamente en entes o sociedades que gestionen caudales públicos, cambio avanzado en el arranque del juicio y ratificado este viernes.
Por su parte, el PP, personado como acusación particular en unos hechos que IU llevó la Fiscalía, ha reafirmado los 15 años de inhabilitación pedidos, en tanto que las defensas de los procesados han elevado igualmente a definitivas sus conclusiones provisionales insistiendo así en la libre absolución de sus respectivos patrocinados, al considerar que no incurrieron en ilícito alguno, sino que las contrataciones fueron "correctas" y "se ajustan a la norma".
"No existió fraccionamiento de ninguna especie", han zanjado en la última sesión del plenario, celebrado esta semana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria y que ha quedado visto para sentencia, sin que Rojo y González hayan ejercido su derecho a la última palabra.
"No tengo nada que aportar a lo que ha dicho mi abogada", ha dicho el primero. "Yo tampoco tengo absolutamente nada que aportar", ha agregado el segundo. Ambos desempeñaron sus cargos bajo el mandato de la socialista María Luisa Real como consejera de Sanidad desde 2015 y hasta 2018, cuando dimitieron -junto al entonces gerente del SCS, Julián Pérez Gil- al salir a la luz las presuntas irregularidades.
Fueron apreciadas en contratos menores para el mantenimiento y pintado de centros de salud y las obras de ampliación del hospital virtual de Valdecilla, así como la compra de 22 ecógrafos para otros tantos ambulatorios, y las asistencias técnicas a un consultor externo, Álvaro Sáez de Viteli, ya fallecido y al que la jueza instructora imputaba el mismo delito.
(Habrá ampliación)
