La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, ha destacado el "diálogo" y "consenso" entre el Gobierno de Cantabria y el sector de justicia en la elaboración de los presupuestos presentados para 2021, que destinan 34,5 millones de euros a estas competencias.
Así lo ha valorado tras las reuniones que ha mantenido por vía telemática con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJC), José Luis López del Moral; la Fiscal Superior de Cantabria, María Pilar Jiménez, y representantes de los Colegios de Abogados y Procuradores de Cantabria, Andrés de Diego y Rosaura Diez, respectivamente, con el objeto de valorar cómo se ha desarrollado el 2020 y las previsiones de cara al próximo año, informa el Ejecutivo.
En primer lugar, han valorado la utilización del sistema de gestión procesal 'Vereda' durante los últimos meses, el cual ha permitido que el daño "haya sido menor de lo esperado" durante la pandemia del coronavirus, ya que los órganos judiciales han podido seguir desarrollando su trabajo en cuanto a tramitación de expedientes judiciales, celebración de juicios y dictado de sentencias, del mismo modo que "los profesionales, abogados y procuradores, han tenido la posibilidad de seguir presentando demandas, contestaciones y demás trámites".
En este sentido, también han abordado la culminación del expediente judicial electrónico a lo largo de 2021, un proyecto por el que se ha apostado "muy fuerte" desde la Consejería y que "está dando buenos resultados".
Según ha explicado Fernández, para dicha finalización se contempla la centralización de las salas de vistas con la que se "dotará de mayor seguridad el control de las grabaciones de los diferentes juicios" y que "permitirá que, desde el exterior, los profesionales puedan acceder a las vistas que se celebren".
Otro de los temas que se han tratado en las reuniones ha sido el "previsible aumento" de expedientes que llegará a los juzgados durante el próximo año "derivada de los ERTES y concursos".
Para abordar esta situación desde la Consejería se ha realizado una "previsión presupuestaria" y se han establecido "medidas de refuerzo ante posibles eventualidades" por valor de más de 400.000 euros con las que hacer frente a la sobrecarga de trabajo que se pueda producir en los juzgados.
Asimismo, la consejera ha valorado el descenso de cerca de un 20% en volumen global de litigiosidad en los órganos judiciales de Cantabria, una situación que ha achacado a la "situación derivada por la pandemia desde el mes de marzo" que, a pesar de que la situación es "mala", no es "tan desalentadora como en otros lugares".
Por su parte, los expedientes de justicia gratuita también han sufrido una disminución de alrededor del 40%, lo que en consecuencia también ha afectado al volumen de facturación de los colegios profesionales.
No obstante, Fernández Viaña ha asegurado que su departamento seguirá trabajando en la negociación de los módulos para incrementar la justicia gratuita en los colegios profesionales y que durante el próximo año espera llevar a "buen término" el Decreto de justicia gratuita "que venimos tramitando".
En cuanto a la situación de la mediación, "que también se ha visto lastrada por la situación sanitaria", la titular de Justicia ha confiado en esperar para ver cómo se desarrolla la aprobación de la normativa estatal.
PRESUPUESTOS NEGOCIADOS CON LOS SECTORES IMPLICADOS
Paula Fernández ha destacado que el proyecto de presupuestos planteado por su Consejería ha sido "negociado y presentado", con anterioridad a su aprobación por el Consejo de Gobierno, con todos los sectores implicados en los mismos y "cuentan con el respaldo de los profesionales de la Administración en cada ámbito".
Así, se ha informado del alcance de las partidas presupuestarias a la Mesa General de Negociación, con el fin de analizar las cuentas en el ámbito del personal público, así como a los agentes sociales integrantes de la Comisión Especializada sobre Responsabilidad Social, adscrita al Consejo Diálogo Social.
La consejera ha insistido en la necesidad de "apostar por el capital humano" existente en las administraciones públicas y la importancia de gestionar estos recursos con eficiencia y planificación a medio y largo plazo para que las cifras se traduzcan en servicios de calidad para la ciudadanía.
Igualmente, la Comisión de Responsabilidad Social ha analizado los presupuestos de la Consejería de Presidencia para 2021, con el objetivo de que Ceoe-Cepyme y sindicatos conozcan las medidas de cara a crear una estrategia autonómica que reduzca las cargas administrativas y se garantice el funcionamiento de las buenas prácticas en el ámbito de los servicios públicos.
SEMCA Y CEARC
Por otro lado, los consejos rectores de los organismos autónomos del Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA) y del Centro de Estudios de la Administración Regional de Cantabria (CEARC) han aprobado sus cuentas para 2021.
En el caso del SEMCA, del que dependen los efectivos de los parques de emergencias y la sala 112, las cuentas experimentan un crecimiento en el capítulo de personal y unos 800.000 euros estarán destinados a inversiones para la compra de nuevos materiales y equipamientos para la atención de los incendios y demás intervenciones.
Por su parte, el CEARC, que gestiona la formación de los empleados públicos del Gobierno de Cantabria, intensificará en 2021 los cursos on line y a distancia, así como las acciones sobre el uso de las nuevas tecnologías para facilitar la transición a la Administración Electrónica y los sistemas de teletrabajo.
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