La consejera de Justicia de Cantabria, Paula Fernández, ha reclamado reforzar el servicio público de la justicia y la "apuesta decidida" por estas políticas. "La justicia no puede quedar atrás en inversiones, es una política básica y base del Estado de Derecho", ha manifestado.
Fernández ha anunciado la puesta en marcha en octubre de las medidas de refuerzo del personal incluidas en el 'plan de choque', que cuenta con 600.000 euros, ante el aumento de las causas judiciales y con el fin de reactivar los órganos jurisdiccionales más afectados por el parón de la actividad debido a la pandemia del coronavirus.
Según ha informado el Gobierno en nota de prensa, la consejera se ha mostrado convencida de que invertir en justicia "será decisivo" para responder a los desafíos que la pandemia ha puesto de manifiesto y ha recordado que el plan de choque incluye medidas de protección individuales y colectivas, mejoras tecnológicas y refuerzos de personal, si bien ha demandado un apoyo económico "extraordinario" del Ministerio.
En primer lugar, el Gobierno de Cantabria comenzará en octubre el despliegue de las medidas de autorefuerzo y prolongaciones de jornada del personal que desempeña su labor en los órganos judiciales.
La primera fase del plan especial en la Administración de Justicia se prolongará hasta el 31 de diciembre, estructurándose en medidas de autorefuerzo y prolongaciones de jornada en los juzgados de lo social, que incrementarán en unos 40.000 euros el presupuesto de personal.
En el caso del juzgado de lo Mercantil de Santander y ante la falta de espacio de las instalaciones, el refuerzo del personal funcionario se realizará mediante el sistema del teletrabajo durante esta primera fase.
La consejera ha apuntado que el incremento efectivo de la plantilla de los juzgados de Cantabria está previsto para comienzos de 2021, con la entrada en vigor de la fase 2 del plan.
Ha señalado que este operativo, diseñado por su departamento en desarrollo del plan nacional, sirve para adelantarse al previsible incremento de la litigiosidad en las jurisdicciones de lo social y mercantil en los próximos meses.
TELETRABAJO Y OTRAS INVERSIONES
La modalidad del teletrabajo será una de las principales iniciativas también en el ámbito de la justicia cántabra, tal y como ha apuntado la consejera, al igual que la centralización de las grabaciones de las salas de vista.
Se trata de un proyecto que ya estaba previsto por el Gobierno regional y que ahora se adelanta para incluir las grabaciones en el propio expediente judicial electrónico, facilitando así el trabajo fuera de la oficina a los empleados públicos y al resto de operadores jurídicos, evitando desplazamientos a los juzgados.
Para garantizar todas estas inversiones en materia de teletrabajo se destinarán 240.000 euros y otros 30.000 para impulsar los juicios a distancia.
Asimismo, el Gobierno regional analizará la creación de un servicio de apoyo adscrito al decanato de Santander, que actúe como unidad de apoyo transversal y colabore con las oficinas judiciales afectadas por la sobrecarga de trabajo o expedientes complejos.
Por otro lado, el Gobierno cántabro ya ha destinado 180.000 euros en la adquisición de medios de protección para los empleados públicos, la adaptación de los puestos de trabajo a las nuevas condiciones laborales y reorganización necesaria de las sedes judiciales debido a la pandemia.
La consejera ha señalado que su departamento realizará al mismo tiempo un control y evaluación del funcionamiento de todas las medidas implantadas para medir su eficacia y adaptar las iniciativas a las circunstancias del momento y anticipar las actuaciones que se pondrán en marcha.
Por último, Fernández ha insistido en que "todos estos refuerzos requieren irremediablemente de una mayor financiación económica para hacer frente a los gastos adicionales de la crisis sanitaria" para lo que ha pedido el apoyo del Ministerio.
"Si la justicia es un servicio esencial también precisa de recursos extraordinarios como sucede en otros sectores", ha defendido la consejera, que ya trasladó esta reclamación de recursos económicos adicionales al Ministerio de Justicia el pasado mes de mayo.
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