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Se enfrenta a doce años por agresión sexual a la hija de su expareja, una niña de 11 años

La Fiscalía de Cantabria solicita doce años de prisión para un hombre acusado de agredir sexualmente y de manera continuada a la hija de quien fue su pareja, una menor de once años de edad.

Por su parte, la acusación particular eleva su petición de pena a 18 años de cárcel por este delito de agresión sexual. El juicio se celebrará el jueves 18 de junio a partir de las 9.30 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria.

Según el escrito del ministerio público, el procesado residía con su compañera sentimental y las hijas de esta en la vivienda de ella. Fruto de esa convivencia, "pasó a tener una relación estrecha" con las hijas, fundamentalmente con la que tenía once años, para quien él "se constituye en un referente paterno".

Así las cosas, cuando se quedaban en el salón viendo la televisión y la madre se iba a dormir, el hombre, "con ánimo libidinoso, comenzó a realizar tocamientos a la menor en sus genitales por encima de la ropa".

En otras ocasiones y en idénticas circunstancias, le realizó tocamientos por debajo de la ropa interior, incluso introduciendo sus dedos en la vagina y lamiendo sus genitales. También conminó a la menor a que le masturbara, eyaculando después.

"Los hechos continuaron sucediendo casi de forma diaria" hasta que en una ocasión la madre de la menor le descubrió y le hizo abandonar el domicilio.

DELITOS Y PENAS.

Para el fiscal, lo ocurrido constituye un delito continuado de agresión sexual a menor de dieciséis años, merecedor de doce años de prisión, trece de incomunicación y alejamiento respecto de la chica, ocho de libertad vigilada, y cinco años de inhabilitación para ejercer la patria potestad y para trabajar con menores.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que el acusado indemnice a la menor en 20.000 euros por la lesión psicológica que padece y los daños morales causados.

De su lado, la acusación particular interesa 18 años de cárcel, 28 de alejamiento y prohibición de comunicar con la menor, diez años de libertad vigilada y quince de inhabilitación para trabajar con menores. Y como indemnización, pide 45.300 euros, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.