Uno de los dueños de Ecomasa World Investement (EWI), Andrés de León, ha asegurado este lunes en el juicio contra él y el otro responsable de la empresa, Jesús Lavín, que las operaciones por las que ambos están acusados de presuntos delitos de falsedad contable y administración desleal al frente de la misma no generaron "ningún perjuicio económico" -a EWI y a Sodercan, en su condición de socia- y ha indicado que esta última estaba informada de las actuaciones en cuestión mientras que el ICAF conocía "con exactitud los detalles".
Así lo ha manifestado De León durante su declaración en la vista oral, en el Juzgado de lo Penal número 1 de Santander, en la que ha respondido solo a preguntas del fiscal y de su abogado, en tanto que Lavín se ha acogido a su derecho a no declarar a ninguna de las partes personadas.
Ambos se enfrentan a una pena de cuatro años y medio de prisión, a una multa de 8.100 euros y a una indemnización conjunta de 3,2 millones que pide la Fiscalía como supuestos autores de los citados delitos en esa sociedad, que recolocó a 88 trabajadores de Teka en la fallida fábrica de estufas del polígono de La Cerrada (Maliaño) y que recibió 18 millones de dinero público en financiación y avales, el grueso en la legislatura 2011-2015, gobernada por el PP.
Esta causa -que consta de diez mil folios- fue iniciada por los empleados para intentar recuperar -sin éxito- los 3 millones de sus indemnizaciones por despido en la planta de electrodomésticos de Santander aportados al fracasado proyecto de Camargo. Después se sumó el Gobierno de Cantabria a través del ICAF (Instituto Cántabro de Finanzas) y Sodercan (Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria). En paralelo, los dos dueños y el administrador de Ecomasa fueron inhabilitados tras declararse culpable el concurso.
Las operaciones objeto del proceso penal están relacionadas con la capitalización de un crédito con una sociedad chilena del grupo por valor de 500.000 euros; la adquisición de participaciones por casi 900.000 euros -y supuestamente con "sobrevaloración" de las mismas- de otra entidad que formaba parte de EWI para compensar la deuda que tenía; y la compra de una marca comercial a otra socia por 1,8 millones como compensación del crédito que tenía con Ecomasa y que se daba así por pagado.
Andrés de León ha aseverado que tanto Sodercan como el ICAF conocían "perfectamente" y "desde el primer momento" la existencia de esos créditos así como también las operaciones realizadas, pues para algunas de ellas -ha señalado- se "requería el ok" de la primera, en tanto que el segundo tenía "toda la información" sobre el uso del dinero público.
En este punto, ha indicado que el entonces consejero delegado de Sodercan, Eduardo Arasti -como titular de la Consejería de Industria-, formaba también del consejo ejecutivo del ICAF, por lo que los pasos que se daban los "conocían todos" y, en cualquier caso y según ha remachado, "no se decidían cosas sin que hubiera total transparencia". En otro momento ha agregado que la exconsejera de Economía, la igualmente 'popular' Cristina Mazas, formaba parte o estaba representada en el ICAF y Sodercan.
De la citada valoración de acciones, De León ha indicado que se hizo en base al informe que encargó el ICAF a un experto independiente, valoración que a él le pareció "bastante coherente", ha opinado. Y también ha achacado a un perito designado por el instituto de finanzas la valoración de la marca, a partir de la cual -como ha agregado- aprobó Sodercan las cuentas.
De todos modos, ha reafirmado que con las operaciones en cuestión "no existió ningún perjuicio económico", y ha añadido que desde el grupo siguieron informando a ambas entidades públicas cuando se salieron del proyecto, reconociendo que ninguna de ellas recuperó las cantidades aportadas así como tampoco ellos como dueños de Ecomasa.
"No tuvimos ningún beneficio", ha zanjado Andrés de León, después de defender que las acciones enjuicidas se hicieron para "fortalecer" el proyecto de EWI y que Sodercan e ICAF, debido a que "conocieron" las operaciones, "pudieron hacer todo lo que quisieron y no hicieron nada".
En línea con lo anterior, y para finalizar, ha reflexionado que ninguna de las partes perjudicadas solicitó la retroacción de las operaciones, "ni tampoco los administradores concursales", ha remachado.
