Los desalojos de vivienda, los llamados lanzamientos, se redujeron un 68,8 por ciento en Cantabria en el primer trimestre de este año, respecto al mismo periodo de 2022, con 34 y una tasa de 5,8 demandas por cada 100.000 habitantes, inferior a la media nacional (13,7).
También descendieron un 84,6 por ciento en relación al año anterior los procedimientos por ocupación ilegal de vivienda, con dos registrados. De esta manera, la tasa por cada 100.000 habitantes se sitúa en 0,3, un punto menos que la nacional.
Asimismo, se presentaron 68 procedimientos de ejecución hipotecaria, un 17,1 por ciento menos que en 2022 (82 demandas), lo que sitúa la tasa por cada 100.000 habitantes en 11,6, por debajo de la media nacional, que está en 12.
Estos datos figuran en el Informe sobre los Efectos de la Crisis en los Órganos Judiciales, elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial y que se ha difundido hoy.
El informe también recoge que los concursos de particulares aumentaron en el primer trimestre un 193,3%, los de empresas se redujeron un 71,4% y no se registró ninguno de empresario.
En concreto, los órganos judiciales recibieron un total de 50 concursos de acreedores, un 28,2 por ciento más que en el mismo periodo del pasado año (39), 44 presentados por particulares (44) y 6 por personas jurídicas (empresas).
Los concursos presentados suponen una tasa de 8,5 por cada 100.000 habitantes, la más baja registrada en todo el país, menos de la mitad que la registrada a nivel nacional (19,4).
Por otro lado, los Juzgados de lo Mercantil declararon 20 concursos, un 150 por ciento más que en el primer trimestre de 2022; en 6 se fue a liquidación y en uno se presentó un expediente de regulación de empleo.
Además, las demandas de despidos fueron 255, menos que un año antes (un 13,9%), situándose la tasa por cada 100.000 habitantes se sitúa en 43,3, frente a 68,8 a nivel nacional.
Las reclamaciones de cantidad por trabajadores fueron 479, un 3,7 por ciento más que las presentadas un año antes (462), con 81,4 por cada 100.000 habitantes frente a una tasa nacional de 65,2.
Por otro lado, el juzgado de cláusulas de Santander dictó 563 sentencias, un 4,6 por ciento más, el 98,8 por ciento de ellas estimatorias.
En cuanto a los procedimientos monitorios, en los que se reclaman deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, como gastos comunes de comunidades de propietarios, ascendieron a 1.827 frente a los 2.538 de un año antes, lo que supone un descenso del 28 por ciento.
Así, en el primer trimestre se presentaron en Cantabria 310,4 procedimientos por cada 100.000 habitantes, frente a los 476,9 a nivel nacional.
