Las denuncias de violencia sobre la mujer descienden un 16,8% en 2020 en Cantabria por la pandemia

Archivo - Imagen de la fachada del edificio judicial de las Salesas.

Los órganos judiciales encargados de investigar la violencia de género en Cantabria registraron en 2020 un total de 1.668 denuncias, lo que supone una disminución del 16,8 por ciento respecto a laspresentadas un año antes (2.004), por encima de la media nacional, que fue del 10,31 por ciento.

Este descenso es consecuencia de la crisis sanitaria, especialmente durante los meses de confinamiento, en los que se apreciaron las mayores variaciones, según el informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género sobre el cuarto trimestre de 2020 y la anualidad completa, que ha dado a conocer este lunes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Según estos datos, en las denuncias registradas en Cantabria figuran como víctimas 1.668 mujeres, frente a las 1.965 de 2019, casi 300 menos, lo que supone una bajada del 15,1 por ciento y una ratio de 55,5 víctimas por cada 10.000 mujeres.

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Asimismo, a lo largo de 2020 los jueces acordaron 168 órdenes y medidas de protección y 69 los titulares de los juzgados de instrucción en funciones de guardia.

El informe también revela que durante 2020 fueron condenadas 373 personas por violencia de género: 194 en los juzgados de violenciasobre la mujer, 175 en el Juzgado de lo Penal nº5 y 4 en el Juzgado de Menores.

De las personas condenas todas eran hombres salvo tres mujeres, que estaban implicadas en los hechos en los que se enjuiciaban conductas tipificadas como violencia sobre la mujer.

El porcentaje de condenas se situó en un 90,23 por ciento en los juzgados de violencia y en un 69,72 por ciento en el de lo Penal.

EL 7% DE LAS MUJERES DECIDE NO DECLARAR

De las 1.668 denuncias registradas, el 63,4 por ciento fueron presentadas por la propia víctima, de las que el 14,8 por ciento llegaron por un parte de lesiones, el 9,8 por ciento a través de servicios asistenciales o terceras personas, el 8,6 por ciento por intervención policial directa, y el 3,3 por ciento por denuncia de un familiar.

En 113 casos la víctima se acogió a la dispensa legal a la obligación de declarar como testigo --88 españolas y 25 extranjeras--, lo que supone el 7 por ciento del total, prácticamente las mismas que un año antes (112) y un aumento del 0,9 por ciento.

Otras 37 mujeres --30 españolas y 7 extranjeras-- decidieron no declarar cuando fueron llamadas a testificar en juicio ante el Juzgado de lo Penal.

Además, los juzgados recibieron un total de 285 solicitudes para la adopción de órdenes y medidas de protección, de las que se acordaron 168, lo que representa el 59 por ciento. Estas solicitudes se tradujeron en 589 medidas judiciales: 463 de carácter penal y 126 civil.

Entre las primeras, las más frecuentes fueron el alejamiento de la víctima (171), la prohibición de comunicación con ella (165) y la suspensión de tenencia y uso de armas (68). En 23 ocasiones se acordó la prohibición de volver al lugar del delito y en otras 7, una medida privativa de libertad.

En cuanto a las medidas civiles, destacan 34 sobre prestación de alimentos, 28 de suspensión de guarda y custodia, 27 de atribución de vivienda, 8 de suspensión del régimen de visitas, 5 de suspensión de la patria potestad y 1 sobre protección del menor.

Por su parte, los juzgados de guardia recibieron 111 peticiones de órdenes y medidas de protección, de las cuales acordaron 69.

RELACIÓN ENTRE DENUNCIANTE Y DENUNCIADO

En la mayoría de los casos en los que se solicitaron órdenes o medidas, la mujer era española y mayor de edad (216), en otras 67 eran extranjeras mayores de edad y en 2 extranjeras menores de edad. En cuanto a los denunciados, 236 eran hombres españoles y 49 de fuera de nuestro país.

Respecto a la relación en el momento de producirse la supuesta agresión, en el 57,54 por ciento de las ocasiones eran matrimonio o tenían una relación afectiva, mientras que en el 42,45 por ciento de los casos el vínculo ya estaba disuelto. La mayoría de los delitos conllevan de seis meses a un año de prisión.

Asimismo, los juzgados recibieron un total de 1.852 asuntos, de los que 440 apenas requirieron instrucción y se llevaron por juicio rápido, y 72 fueron delitos leves. Se incoaron 1 jurado y 2 sumarios y el resto se llevaron por diligencias previas o procedimiento abreviado.

En cuanto a los tipos delictivos, la mayoría (740) fueron conductas que no dan lugar a lesión o solo requieren una primera asistencia médica, cuya condena oscila entre seis meses y un año de prisión.

Otros 306 delitos fueron actitudes persistentes que generan un clima de pánico en el entorno familiar, penados con entre seis meses y tres años de cárcel.

Además, en 24 ocasiones se tramitó una lesión que requiere una primera asistencia y un tratamiento médico posterior, y cuya pena va de los seis meses a los cinco años de cárcel.

Los juzgados también tramitaron 246 asuntos por quebrantamiento de condena, 198 por medidas cautelares, 98 contra la libertad, 32 contra el honor, 27 contra la integridad moral, 5 contra la libertad e indemnidad sexual y 1 contra la intimidad y la propia imagen.

En cuanto a los delitos leves, se registraron 42 procedimientos por injurias y otros 18 por vejaciones injustas.

Además, se abrieron 204 procedimientos civiles, de los que 69 fueron divorcios y un separación, 64 adopción de medidas de guarda y custodia de hijos de parejas no casadas, 46 modificación de medidas acordadas en sentencia, 8 liquidación del régimen económico matrimonial, 4 relación paterno filial y 2 oposición a la resolución administrativa en protección de menores.

El 14,5 por ciento de estas denuncias concluyó con sentencia en el propio órgano. Así, los juzgados dictaron 214 sentencias: 21 absolutorias y 193 condenatorias.

Por otro lado, el 48,3 por ciento de los procedimientos finalizó en sobreseimiento, libre (3,5 por ciento) o provisional (44,8).

El 36,5 por ciento de las denuncias llegaron al juzgado por vías ajenas a la propia víctima: por intervención policial, denuncia de un familiar, un parte de lesiones o servicios asistenciales y terceros.

Finalmente, el 22 por ciento de los procedimientos tramitados se elevó al órgano de enjuiciamiento competente. Así, el Juzgado de lo Penal nº 5 de Santander dictó 247 sentencias, 172 de ellas condenatorias --en 107 ocasiones el acusado admitió los hechos y seconformó con la pena-- y otras 75 absolutorias.

Por su parte, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria no celebró ningún juicio como órgano enjuiciador y recibió 72 recursos como órgano de apelación contra sentencias dictadas.

Además, esta sección resolvió 67 recursos: en 48 confirmó la sentencia de instancia --con 38 condenas y 10 absoluciones-- y en 19 estimó el recurso de apelación --con 12 condenas y 7 absoluciones.

Finalmente, el Juzgado de Menores de Santander registró 4 asuntos por violencia de género, enjuició a 4 menores y dictó 4 sentencias: en 3 hubo conformidad y se impusieron medidas y en 1 no se impuso medida alguna.