Las denuncias por violencia de género cayeron en Cantabria un 21,4% en el segundo trimestre por el confinamiento

AMP.- Aumentan un 3,6% las denuncias por violencia de género en el tercer trimestre, hasta las 45.122, según el CGPJ

Los órganos judiciales encargados de investigar la violencia de género en Cantabria registraron en el segundo trimestre del año, el más afectado por la crisis del coronavirus, un total de 385 denuncias, lo que supone un descenso del 21,4 por ciento respecto a las presentadas en el mismo periodo de 2019.

En las denuncias figuran como víctimas el mismo número de mujeres (385), dato que se traduce en una ratio de 12,8 víctimas por cada 10.000 mujeres que residen en Cantabria.

A nivel nacional, las denuncias disminuyeron un 14,62 por ciento, las mujeres también fueron menos (un 13,91 por ciento) y la ratio de víctimas se situó en 13,8 de cada 10.000 residentes en todo el país.

Todos estos datos se desprenden del informe que trimestralmente difunde el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, y que se ha dado a conocer hoy con información relativa al segundo trimestre.

En este periodo, un total de veinte mujeres decidieron no declarar como testigo durante la fase de instrucción y otras cuatro se acogieron a esta dispensa durante el juicio en el Juzgado de lo Penal nº5, el encargado de enjuiciar estos asuntos.

Además, fueron condenados 33 hombres en los juzgados de violencia sobre la mujer -por delitos leves o bien porque reconocieron los hechos en la comparecencia previa al juicio rápido- y 32 en el citado Juzgado de lo Penal, 10 de ellos también por conformidad.

Así, el porcentaje de condenas se situó en un 94,3 por ciento en los juzgados de violencia -donde la mayoría de las sentencias se producen por conformidad del acusado- y en un 69,6 por ciento en el de lo Penal.

A lo largo del trimestre, los jueces de violencia sobre la mujer acordaron 43 órdenes y medidas de protección, y 25 los titulares de los juzgados de instrucción en funciones de guardia.

De las 385 denuncias registradas, el 60 por ciento (231) fueron presentadas por la propia víctima, bien en el juzgado o ante la policía; el 19 por ciento (73) llegó por un parte de lesiones; el 9,6 por ciento (37) por intervención policial directa; el 8,1 por ciento (31) por servicios asistenciales o terceras personas, y el 3,4 por ciento (13) por denuncia de un familiar.

En veinte casos, la víctima se acogió a la dispensa legal a la obligación de declarar como testigo, una más que las que lo hicieron en el mismo periodo de 2019, lo que supone un incremento de 5,3 por ciento. No obstante, el aumento real respecto a 2019 es mayor, dado que las mujeres que figuran en las denuncias este año son un centenar menos que las que aparecían como víctimas el año pasado.

Así, las veinte que tomaron esta decisión en el segundo trimestre representan el 5,2 por ciento del total, mientras que un año antes las 19 que decidieron no declarar representaban el 3,9. En cuanto a las cuatro que decidieron no declarar cuando fueron llamadas a testificar en juicio, en el mismo periodo del pasado año ninguna tomó esta decisión.

A nivel nacional la ratio es más elevada, ya que las mujeres que se acogieron a la dispensa durante el trimestre analizado representan el 9,5 por ciento del total de las que figuran como víctimas.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN JUDICIALES

Por otro lado, de abril a junio, los juzgados de violencia sobre la mujer de Cantabria recibieron 65 solicitudes para la adopción de órdenes y medidas de protección, de las que se acordaron 43 (el 66 por ciento). A nivel nacional, se adoptaron el 71 por ciento de las incoadas.

Tales órdenes y medidas se tradujeron en 146 medidas judiciales: 117 de carácter penal y 29 de naturaleza civil. Entre las primeras, las más frecuentes fueron el alejamiento de la víctima (42), la prohibición de comunicación con ella (41) y la suspensión de tenencia y uso de armas (9). En una ocasión se acordó una medida privativa de libertad.

Entre las medidas civiles acordadas destacan siete sobre atribución de vivienda, seis de suspensión de la guarda y custodia, y dos de suspensión de la patria potestad.

Por su parte, los juzgados de guardia que atendieron casos de violencia de género, recibieron 37 peticiones, de las que acordaron 25.

En la mayoría de los casos, la mujer era española y mayor de edad (51 ocasiones). En otras 14, se trataba de extranjeras mayores de edad. En cuanto a los denunciados que figuran en las órdenes de protección solicitadas, se repite el reparto entre nacionales y extranjeros: 51 eran españoles y 14 de fuera de nuestro país.

En el momento de producirse la supuesta agresión, el 52,3 por ciento eran matrimonio o tenían una relación afectiva, mientras que en el 47,7 por ciento el vínculo ya estaba disuelto. La mayoría, delitos que conllevan de seis meses a un año de prisión.

A lo largo del segundo trimestre, los juzgados de violencia sobre la mujer de Cantabria recibieron un total de 387 asuntos. De ellos, 83 apenas requirieron instrucción y se llevaron por juicio rápido, y 13 fueron delitos leves. Se incoó un procedimiento de jurado y otro de sumario. El resto de asuntos se llevaron por diligencias previas o procedimiento abreviado.

La mayoría de las denuncias (209) responden a una conducta que no da lugar a lesión o sólo requiere una primera asistencia médica, cuya condena oscila entre los seis meses y el año de prisión; y otros 66 a una actitud persistente que genera un clima de pánico en el entorno familiar, penada con entre seis meses y tres años de cárcel.

Además, en seis ocasiones se tramitó procedimiento relacionado con una lesión que requiere una primera asistencia y un tratamiento médico posterior, y cuya pena va de seis meses a cinco años de cárcel.

Por otro lado, los juzgados tramitaron 35 asuntos por quebrantamiento de medidas cautelares, 32 por quebrantamiento de condena, 22 por delito contra la libertad, 7 contra el honor y 2 contra la libertad e indemnidad sexual. En cuanto a los delitos leves, se registraron 9 procedimientos por injurias y otros 3 por vejaciones injustas.

Además, las denuncias presentadas ante los juzgados de violencia de género también dieron lugar a la apertura de 41 procedimientos civiles, de los que 14 fueron de divorcio, 11 sobre modificación de medidas acordadas en sentencia, 10 sobre la adopción de medidas de guarda y custodia de hijos de parejas no casadas, cinco sobre liquidación del régimen económico matrimonial y uno sobre relación paterno filial.

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