El Defensor del Pueblo tramitó en 2019 un total de 261 expedientes de Cantabria entre quejas e investigaciones de oficio. Los asuntos más numerosos fueron los relacionados con la administración de justicia, con 68 expedientes; función y empleo públicos (19); asuntos de interior (17); actividad económica (16); medio ambiente (16); educación (14); impuestos (13); migraciones (12); urbanismo (11); y servicios públicos y esenciales (11).
También de administración local (10); centros penitenciarios (8);empleo y seguridad social (8); sanidad (7); política social (7); vivienda (6); cultura y otros ámbitos (4); transparencia (2); e igualdad de trato (1). Así consta en el informe anual del Defensor del Pueblo relativo al ejercicio 2019, consultado por Europa Press, que la institución ha entregado este miércoles a las Cortes Generales.
En el conjunto del país, el Defensor del Pueblo tramitó en 2019 un total de 20.616 expedientes: 20.215 quejas, un 18,9% más que el año anterior; 266 investigaciones de oficio frente a las 372 del año 2018; y 135 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad, frente a 327 del año precedente.
Al total de expedientes tramitados hay que añadir los ciudadanos que fueron atendidos personalmente: 17.402, de los cuales 2.501 fueron presenciales y 14.901 fueron atendidos a través de llamadas de teléfono. Además, formuló a las Administraciones un total de 1.551 resoluciones, de las cuales 574 fueron recomendaciones, 490 sugerencias, 478 recordatorios de deberes legales y 9 advertencias.
DESFILADERO DE LA HERMIDA
En Cantabria, el Defensor del Pueblo inició una investigación de oficio con la Secretaría General de Infraestructuras sobre las consecuencias de los desprendimientos que se registran en el Desfiladero de La Hermida.
La institución recoge en su informe que en uno de estos episodios, la caída en la calzada de una roca de grandes dimensiones obligó al corte total del tráfico de una zona con alta presión turística. Esta investigación de oficio continuaba en tramitación en el momento de la elaboración del informe anual de 2019.
En materia de Educación, el informe detalla una queja en relación a la supresión de las salidas extraescolares y de algunas de las festividades que se venían realizando en cursos anteriores, acordada por el claustro de profesores de dos colegios públicos de Castro Urdiales, en señal de protesta por las modificaciones del calendario escolar para el curso 2018-2019.
Desde el Defensor del Pueblo se trasladó a la Consejería de Educación la necesidad de analizar los motivos que llevaron a las direcciones de los centros a aceptar una propuesta de los respectivos claustros "carente de toda justificación educativa", y a no recoger en la programación general anual la propuesta de actividades extraescolares realizada por la asociación de madres y padres de alumnos.
La institución realizó una sugerencia a la Consejería de Educación para que valorase la posibilidad de modificar la programación general anual de los centros educativos y, particularmente, de los programas de actividades complementarias y extraescolares cuyas previsiones careciesen de la pertinente justificación pedagógica y educativa.
Y que instruyese a los equipos directivos de los centros sobre la "improcedencia" de aprobar la programación general anual si su contenido no respondía a la finalidad propia de este instrumento, dando cuenta de ello a la inspección educativa para la adopción de las medidas correctoras o conciliadoras oportunas. Sugerencia que ha sido aceptada por la Consejería de Educación.
En materia de Sanidad, el Defensor del Pueblo recoge las dificultades para la contratación de pediatras trasladadas por la administración en respuesta a quejas por demoras en la atención.
En cuanto a los Ayuntamientos, el Defensor del Pueblo cita una investigación abierta con el Ayuntamiento de Villaescusa por no atender una solicitud de información urbanística y recuerda la obligación legal de mantener aprobado y actualizado el inventario general de bienes de la corporación.
También llama a respetar escrupulosamente el procedimiento para efectuar los llamamientos a los interesados que forman parte de una bolsa de trabajo temporal para atender necesidades temporales y de interinidad de la Administración, y cita en este sentido una actuación llevada a cabo ante el Ayuntamiento de Camargo.
INSUFICIENCIA DE RECURSOS SANITARIOS
A nivel nacional, el Defensor del Pueblo llama la atención sobre "la compensación solo parcial en los últimos años de la reducción de los presupuestos sanitarios de las administraciones públicas, a causa de la crisis económica". También ha llevado a cabo actuaciones por la insuficiencia de recursos sanitarios en las zonas rurales y por la falta de cobertura de especialistas en el ámbito de la atención primaria y considera "imprescindible" el refuerzo de la atención primaria.
Sobre el sistema de copago de los medicamentos, que se introdujo en 2012, el Defensor confía en que pueda acometerse la reforma normativa para ajustar, en términos de progresividad y equidad, el actual modelo. Por otra parte, las quejas sobre la opacidad en la adjudicación de vivienda pública protegida (VPP) y los retrasos en el pago de ayudas ya reconocidas volvieron a protagonizar las reclamaciones en 2019.
En este sentido, el Defensor ha instado a las administraciones a aumentar el parque de vivienda social en alquiler y a priorizar en el acceso a colectivos en riesgo, como las familias con rentas bajas y monoparentales, jóvenes, personas que hayan sufrido un desahucio, mujeres víctimas de violencia de género y personas migrantes.
El Defensor ha analizado también la dispersión normativa sobre centros residenciales de mayores; la recopilación de datos que realizan las CCAA; la insuficiencia de plazas; la necesidad de revisar al alza de ratios de personal; la asistencia sanitaria que reciben las personas que viven en residencias; las inspecciones que se realizan, o el ingreso involuntario de los residentes con deterioro cognitivo o psíquico y las sujeciones físicas.
El Defensor del Pueblo cree que deben abordarse reformas normativas de calado que garanticen mejor los derechos de los mayores en las residencias y que exijan una mayor dotación de personal y una mejora de su formación, el refuerzo y mejora de la atención médica, así como una mayor capacidad inspectora de las administraciones para hacer frente a los retos presentes y futuros de este sector.
LAS QUEJAS EN EDUCACIÓN
En materia educativa, el mayor número de quejas de padres, madres, alumnas y alumnos tuvieron que ver con las deficiencias en las instalaciones, las dificultades para acceder a un determinado centro escolar, los problemas para obtener becas y ayudas y la prestación de servicios complementarios, como el transporte o el comedor.
En este contexto, Fernández Marugán ha reclamado una educación de calidad en la que el sistema educativo esté adaptado al modelo de educación inclusiva, educar en igualdad sea una prioridad y la equidad en el acceso a la educación sea una realidad.
En relación con la lacra de la violencia de género, el Defensor sostiene que las quejas que ha recibido ponen de manifiesto "fallos en todas las fases del sistema de protección que son más graves cuanto más vulnerable es la víctima".
Para la institución, es necesario mejorar las ayudas, dar más y mejor apoyo, así como formación a las familias acogedoras de menores, aumentar el número de familias capacitadas para acogimientos especializados y desarrollar el acogimiento profesionalizado.
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