CSIF ha decidido denunciar a la Consejería de Salud por la "paralización" del acuerdo del concurso de traslados abierto y permanente del personal del Servicio Cántabro de Salud firmado entre este sindicato y la Administración en marzo de 2023.
El sindicato ha decidido llevar a los juzgados al departamento dirigido ahora por César Pascual (PP) al no haberse dado "ninguna resolución" que dé lugar a la primera convocatoria programada del acuerdo para este mes y la "falta de respuesta de la Gerencia del SCS a la petición de que se ponga en práctica", según ha explicado en un comunicado.
Con la denuncia por la vía judicial de este "incumplimiento", pretende "obligar" a la Administración a ejecutar este acuerdo firmado y en vigor.
CSIF considera "lamentable" que el personal del SCS "vea socavado su derecho a poder optar a la movilidad voluntaria, acabando así con la precariedad que suponen las comisiones de servicio a la hora de fidelizar a los profesionales en su puesto de trabajo".
Además, a su juicio, en un momento en que se está desarrollando una oferta pública de empleo de estabilización para reducir la temporalidad del personal interino, "no se puede permitir" tener al personal fijo en la situación de provisionalidad que supone la comisión de servicio por ser "un agravio intolerable".
Ha insistido en que esta paralización impide que profesionales que están otras comunidades puedan acceder a los centros sanitarios cántabros, máxime en categorías deficitarias como médicos y enfermeras.
"Llevamos tiempo con las comisiones de servicio y también los concursos de traslados paralizados, lo que ha dejado sin posibilidad de movilidad a esta parte del personal, cosa que han estado realizando sinproblemas en otras comunidades que, además, no han permitido las Comisiones de Servicio, es decir, no los soltaban por este sistema, siendo su única posibilidad la convocatoria de un traslado", ha relatado CSIF.
Ha recordado que el concurso de traslados abierto y permanente es un derecho reclamado por este sindicato desde hace más de seis años y señalado que, una vez llegado a un acuerdo, firmado y ya en vigor y "con una Administración que se niega a ponerlo en práctica", se ve obligado a llevalo por la vía judicial "para que de una vez se ejecute".
